Una reforma fiscal más ambiciosa de lo previsto y enfocada a las urnas

Una bajada de impuestos que los españoles noten ya en 2015. Ese es uno de los principales objetivos de la reforma fiscal que el Consejo de Ministros aprobará hoy. Una reforma que será más ambiciosa de lo previsto inicialmente en cuanto a la reducción de la presión impositiva. Los mejores datos macroeconómicos, con previsiones de crecimiento cada vez más positivas, y sobre todo, la necesidad del Gobierno de recuperar la iniciativa tras los malos resultados en los comicios europeos, han convencido al Ejecutivo de afrontar una rebaja de impuestos más profunda y enfocada al próximo año, cargado de citas electorales.

El Ministerio de Hacienda lleva desde el pasado 13 de marzo, día en que la comisión de expertos presidida por Manuel Lagares entregó su informe, trabajando en los cambios del sistema fiscal. Bajar los impuestos siempre fue una prioridad, sobre todo para quitarse la espina clavada tras haberlos subido nada más llegar al poder. Ahora tratará de dejar la presión impositiva en unos rangos inferiores incluso a ese incremento. En el plan de estabilidad entregado a la Comisión Europea se prevé una rebaja en el IRPF de unos 5.000 millones entre 2015 y 2016. Sin embargo, finalmente será más amplia -podría llegar hasta los 7.000 millones- y buscando unos efectos inmediatos en los bolsillos de los contribuyentes en el próximo año, en el que hay elecciones locales, autonómicas y generales. En Hacienda están convencidos de que los datos de recaudación -superiores al 5% en estos primeros meses- permiten hacer ese esfuerzo.

Así, la reforma reducirá de siete a cinco los tramos del IRPF. Además, rebajará el tipo marginal máximo, situado en el 52%, por debajo del 50%. También el mínimo, colocado en el 24,75% después de la última subida del Gobierno. Por otra parte, estarán exentos los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros al año -actualmente ya lo están quienes ganan menos de 11.162 euros-. También se elevarán los mínimos personales y familiares, especialmente por cuidado de hijos, para familias numerosas y para quienes tengan un dependiente a su cargo. Además, el IRPF mantendrá el sistema dual -muy criticado por los sindicatos- entre las rentas del trabajo y del ahorro.

En la idea de simplificar los impuestos el Gobierno suprimirá deducciones del IRPF, aunque no se eliminará la que afecta a la compra de vivienda para quienes adquirieron su casa antes del 1 de enero de 2013. Se mantendrá también casi intacto el régimen de módulos a pesar de que la comisión Lagares y numeroso expertos solicitaron su eliminación por considerar que facilitaba el fraude. Sin embargo, el Gobierno ha cedido a las tesis de los autónomos que seguirán tributando por este régimen cuando trabajen directamente con el consumidor final (hostelería, pequeño comercio, taxis...), en la agricultura y la pesca excluyendo sectores como el transporte o la construcción tras un periodo de transición. Los autónomos también verán reducida su retención del 21% al 19%.

El otro pilar sobre el que girará la reforma será el Impuesto de Sociedades. El Gobierno quiere acercar el tipo nominal al efectivo. Para ello rebajará el gravamen a las grandes empresas del 30% al 25% en dos años. A cambio se eliminarán numerosas deducciones y otras, como la de gastos financieros, se reducirán aún más. Sí se mantendrán las que afectan al I+D+i. En cuanto a las pymes, aunque no verán reducido su tipo de gravamen (25%) se les compensará mediante deducciones que afecten a la reinversión de beneficios y otros. Según el plan de estabilidad estas modificaciones supondrían unas rebajas de 2.600 millones en dos años.

Tasas medioambientales

En cuanto al IVA, el Gobierno ha negado tajantemente cualquier incremento más allá de los obligados por la UE, como el de los productos sanitarios (en especial el material hospitalario). Más dudas ofrecen los impuestos medioambientales, donde podría crearse una nueva tasa sobre la extracción de hidrocarburos según explicó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con el objetivo de «compensar a los ayuntamientos y comunidades limítrofes por la carga que supone», en referencia a las prospecciones en busca de petróleo de Canarias.

El Gobierno también tendrá que convencer a Bruselas, que mira con recelo unos cambios fiscales que pueden poner en riesgo la consolidación fiscal. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que la reforma será «bien recibida» por la Comisión Europea porque «está enmarcada en la senda de reducción del déficit público». Precisamente, la agencia de calificación Fitch recordó que España no tiene mucho margen para acometer un recorte de impuestos y auguró cinco años más de ajustes.