El Gobierno aprueba la orden de parámetros de retribución de las renovables

El Gobierno ha completado la nueva legislación sobre renovables, cogeneración y tratamiento de residuos con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que fija el régimen de retribución de estas tecnologías, y que sustituye a las actuales primas. Una normativa desarrollada en más de 1.700 páginas y que establece unas 1.400 instalaciones tipo en función de parámetros como la tecnología, potencia instalada, antigüedad o su sistema de generación de electricidad. El nuevo marco retributivo busca, según Industria, garantizar una “rentabilidad razonable” de en torno al 7,5% (antes de impuestos) referenciada a las Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos.

Los parámetros retributivos para cada instalación tipo son: los ingresos estándar por la venta de la energía en el mercado, los costes estándar de explotación necesarios para realizar la actividad, el valor de la inversión inicial, la vida útil regulatoria, y las horas equivalentes de funcionamiento. Estos parámetros ser podrán revisar cada seis años, aunque la nueva normativa establece semiperiodos de tres años en los que Industria tendría la posibilidad de volver a estimar los ingresos por la venta de energía generada en el mercado.

La nueva regulación deja sin primas a las instalaciones que hayan agotado su vida útil regulatoria, que va desde los 20 años de la tecnología eólica a los 30 de la fotovoltaica. Es el caso, por ejemplo, de los parques eólicos anteriores a 1995. También quedarán fuera las que, aun estando dentro de su vida útil regulatoria, hayan alcanzado el nivel de rentabilidad razonable establecida.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la aplicación de los nuevos parámetros retributivos puede suponer un descenso de aproximadamente 1.700 millones de euros respecto a lo que este año cobrarían las instalaciones en función del anterior escenario regulatorio. Industria calcula además que, hasta el final de su vida útil, estas plantas percibirán unos 200.000 millones de euros adicionales al mercado (148.000 millones a partir de este año).

Un dato esgrimido frecuentemente por el Gobierno para justificar el recorte de las primas al régimen especial, que considera uno de los principales motivos del encarecimiento de la tarifa eléctrica. Las asociaciones del sector contraponen esta cifra con los 240.000 millones de ahorro que, según sus estimaciones, generan las tecnologías renovables por su efecto depresor sobre el mercado mayorista.

Desde la aprobación a mediados del pasado mes de julio del Real Decreto-ley 9/2013 –por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico- los productores de energía renovable, cogeneración y residuos han venido cobrando a cuenta del antiguo sistema de primas. Estos pagos deberán ajustarse a partir de ahora a la nueva normativa, por lo que las asociaciones del sector temen que muchos productores tengan que devolver parte de lo cobrado desde entonces.

La culminación del desarrollo legislativo que afecta a las tecnologías renovables, de cogeneración y tratamiento de residuos abre además la vía de las reclamaciones judiciales. Las agrupaciones de productores consideran que la retroactividad de las diferentes normativas aprobadas les concede suficiente base legal para lograr, aunque sea a años vista, un triunfo en los tribunales. Las instancias de mediación internacional, por su parte, acumulan casi una decena de peticiones de arbitraje, presentadas por multinacionales del sector con presencia en España o participación en empresas de nuestro país.

Protesta de fotovoltaicos

Madrid acogerá este sábado una de las mayores manifestaciones realizadas hasta el momento contra la reforma eléctrica, convocada por la Asociación nacional de productores de energía fotovoltaica (Anpier). La marcha se iniciará a las 12.30 horas y discurrirá por el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Lima y Cuzco, para terminar en una concentración frente a la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Anpier espera reunir a 10.000 personas llegadas de toda España para exigir “seguridad jurídica, renovables y honestidad”. La convocatoria cuenta con el apoyo de numerosos partidos políticos (entre ellos PSOE, IU y Equo), asociaciones y cooperativas agroalimentarias.