El Supremo avala los despidos incluidos en el ERE del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo (TS) estimó ayer el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez contra la decisión del TSJA de declarar no ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en 2012 implicó el despido de 260 trabajadores.

Fuentes sindicales han indicado a Efe que los magistrados de la Sala de lo Social del TS han «estimado» el recurso del Consistorio, declarando «ajustado a derecho» el despido colectivo «por estimar suficientes los criterios invocados y por apreciar causa económica».

En este último aspecto, los magistrados sustentan su decisión en la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores introducida por la Ley 3/2012, que contempla la adopción de este tipo de medidas ante una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos.

A la hora de adoptar esta decisión, la Sala de lo Social del TS ha tenido en cuenta la situación económico-financiera del Ayuntamiento, atendiendo a los hechos declarados probados.

El TSJA estimó «parcialmente» la demanda presentada por diferentes sindicatos contra el expediente en marzo de 2013, tras la celebración del correspondiente juicio, considerando «no ajustado a derecho» el procedimiento.

Esa decisión obligaba al Ayuntamiento a optar entre la readmisión de los 260 trabajadores despedidos o a incrementar sustancialmente el importe de las indemnizaciones.

El equipo de Gobierno del Consistorio jerezano considera «muy importante» la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ya que declara «ajustado a derecho» el ERE.

En una nota, el Ayuntamiento explica que el TS le ha remitido un comunicado en el que explica que ha admitido el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba «no ajustado a derecho» el despido colectivo.

El Gobierno local recuerda que esta fue «una medida dolorosa que hubo que tomar ante la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, siendo absolutamente necesaria y no arbitraria».

A la espera de que se notifique la sentencia, el equipo de gobierno destaca la importancia de la decisión del Tribunal Supremo ya que evidencia «que el ERE fue ajustado a derecho, y que, por tanto, este se hizo cumpliendo la ley, sin que se produjese arbitrariedad alguna».

Finalmente, lamenta las «descalificaciones» vertidas por los partidos de la oposición desde que se conociera la sentencia del TSJA y pide «respeto» en un asunto «tan serio» como es el «tener que haber realizado un ERE en el Ayuntamiento por una situación que podía haberse evitado si los gobiernos anteriores hubieran gestionado con control del gasto».

La oposición

Precisamente el PSOE de Jerez ha manifestado que «acepta» pero «no comparte» el fallo del Tribunal Supremo. En un comunicado, los socialistas jerezanos han expresado su «pesar» por esta noticia que supone «el espaldarazo a una decisión injusta», tal y como dictó en su día la magistratura andaluza cuando vino a reconocer que los despidos de estos trabajadores municipales se hicieron «sin criterios objetivos, de forma arbitraria, no ajustada a derecho y ejecutada de mala fe».

Por ello, la formación muestra su «sorpresa» ante esta decisión judicial «diametralmente opuesta» al pronunciamiento del TSJA. No obstante, y aunque «no la comparte», la «acepta democráticamente».

Así, el PSOE de Jerez ha querido mandar su «apoyo» a los 260 trabajadores despedidos, a quienes ofrece su colaboración ante «cualquier medida que a partir de ahora este colectivo decida emprender contra esta decisión judicial».

Los socialistas califican de «absolutamente indignante» que la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez «se siente en el banquillo de los acusados por cumplir con su deber con la plantilla municipal y abonar en tiempo y forma las nóminas a que tenían derecho» y, mientras tanto, «la actual alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), se encuentre brindando en la Alcaldía con Moët & Chandon por haber destrozado la vida a cerca de 300 trabajadores y la de sus familias».

Finalmente, expresa su «temor» a que esta sentencia se interprete por parte del PP como un «cheque en blanco» para llevar a cabo «más medidas de despido, recortes y subida de impuestos».