La piratería, un problema global

Internet ha sobrepasado todos los límites. Hace solo diez años muy pocos se imaginaban que sería posible tener al alcance de la mano música, libros, películas o videojuegos de forma gratuita y tan sencilla. Y más aún si se cree que no es un delito. «A nadie se le ocurriría robar gasolina, pero con la música parece algo normal», denuncia la directora de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete, durante la presentación de un informe que compara España con otros catorce países en medidas antipiratería.

El número de detenidos por delitos y faltas relacionados con la piratería fue de 3.339 en el año 2008, mientras que en 2013 se redujo a 423, según cifras del Ministerio del Interior. El año en el que hubo una caída más fuerte fue en 2011 -el de la aplicación de la ley Sinde- en el que pasaron de 1.589 en 2010 a solo 671 al año siguiente. «Ese descenso se debe a la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 5/10 del 22 de junio», asegura el capitán jefe de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Alberto Redondo. Y es que este cambio de ley supuso que tener falsificaciones valoradas por un importe menor de 400 euros pasó de ser delito a considerarse falta. Además, también influye que las investigaciones de la Policía y la Guardia Civil «están más orientadas a la desarticulación de los grandes grupos criminales que se dedican a ello», por lo que se emplean más recursos y el número de detenidos es menor, explica Redondo.

Por este motivo, se intervienen muchos más productos y las incautaciones son mayores y están más valoradas. Así, en 2008 los objetos intervenidos tuvieron una valoración de 23.700 euros, mientras que el año pasado fue de más de 51.200 euros a pesar de la diferencia en el número de imputados y de delitos esclarecidos. El problema, según los defensores de la propiedad intelectual, viene por dos lados. La débil legislación española por uno; y, por otro, la poca conciencia ciudadana de que se está cometiendo un delito.

Nunca contra particulares

La normativa que rige los casos de piratería hasta ahora es el artículo 270 del Código Penal. En él se establece un castigo de seis meses a dos años de prisión para quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de un tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente una obra sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Por lo tanto, a efectos legales, todo aquel que esté en su habitación y se descargue una canción, una película o cualquier programa de ordenador, puede ser penado, aunque «esto nunca ocurre», según asegura Redondo. La piratería es un hecho delictivo sin alarma social. El capitán jefe reconoce que no hay una conciencia ciudadana de que esto se trata de un delito como puede ser el tráfico de drogas.

«Es muy difícil, por falta de medios sobre todo, poder ir casa por casa investigando y multando a todos los que se descargan contenidos ilegalmente de internet», reconoce el capitán. Además, incluso los grupos organizados sienten que sus acciones quedan impunes porque están tipificados como delitos menores. Otra complicación derivada de ello es que estas páginas o servidores no suelen estar en España. Solo la persona que la administra, por lo que hay que pedir ayuda internacional.

«Si es un país de la Unión Europea no suele haber problema, pero si no es así hay muchas más complicaciones», explica el capitán jefe. Por su parte, el inspector jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, José Rodríguez, aclara que no se necesita denuncia para analizar un caso de este tipo, aunque reconoce que en el 90% de los hechos investigados se actúa bajo denuncia previa. Además, Rodríguez reconoce que nunca han ido contra los usuarios porque, aunque estas conductas son ilegales, «no tiene por qué ser un delito penal, ya que lo tendría que decidir un juez».

Rodríguez también está de acuerdo con que debería haber campañas de concienciación para que la ciudadanía sepa que está asumiendo responsabilidades penales. Y es que debido a la gran accesibilidad de internet, «siempre va a haber oferta si hay demanda». Así, según el inspector jefe, cuando se comete el delito las consecuencias son «muy ligeras» en comparación con el beneficio que se puede obtener, por lo que es «necesaria» la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que se está debatiendo en el Congreso.