Renzi fuerza la dimisión del alcalde de Venecia por corrupción

Bastó una llamada del primer ministro italiano para que el alcalde de Venecia anunciase ayer su dimisión tras quedar en libertad con cargos por un delito de corrupción relacionado con la construcción de 'Moisés', la barrera de diques móviles que deben proteger la ciudad de las mareas. Giorgio Orsoni había mostrado su intención de seguir al frente de la alcaldía pese a su imputación en uno de los casos de malversación más escandalosos de los últimos años, pero Matteo Renzi cortó sus aspiraciones de raíz, abochornado por el «entramado criminal» auspiciado durante años por los dos grandes partidos -tanto de derecha como de izquierda- y en el que se han visto implicados hasta un centenar de personalidades de la región, incluidos jueces, policías y empresarios.

El primer ministro, que comparte siglas políticas con el hasta ahora alcalde de Venecia -las del Partido Democrático de centroizquioerda-, le dejó muy claro a Orsoni que no se daban «las condiciones» para que siguiese al frente de la ciudad, por lo que al mandatario no le quedó más remedio que dejar el cargo a regañadientes. Nada más abandonar el arresto domiciliario al que fue condenado el pasado 4 de junio tras ser detenido junto a otras 33 personas por un presunto delito de financiación ilegal de su campaña electoral, el alcalde se excusó en las «reacciones de oportunismo por parte de algunos miembro de la Junta municipal» para justificar una dimisión forzada a todas luces por Renzi y su equipo.

Precisamente ayer el Gobierno italiano aprobó una serie de medidas para luchar contra la corrupción, un empeño personal del primer ministro, obsesionado por que los ciudadanos visualicen el esfuerzo realizado por el Ejecutivo a la hora de perseguir las actuaciones ilegales por encima de partidos o afinidades políticas, como es el caso de Orsoni.

Pena pactada

El alcalde de Venecia, que permanecerá en el cargo durante veinte días para concluir la cuestiones más urgentes, fue puesto en libertad después de que su abogado presentase ante el juez una petición para pactar la pena en cuatro meses de prisión y una multa de 15.000 euros, una propuesta que ahora tendrá que analizar el magistrado.

El caso por el que fue detenido Orsoni, al que acusan de haber cobrado 560.000 euros, es uno de los más impresionantes registrados en Italia en los últimos años, tanto por la magnitud de las cantidades defraudadas como por el número y relevancia de los implicados. Desde la década de los 90, políticos, empresarios, policías y magistrados tejieron un «grupo económico criminal» para conseguir contratos y encarecer la construcción de 'Moisés', presupuestado inicialmente en 5.000 millones de euros. El consorcio ha acumulado al menos 25 millones de fondos en negro, con facturas infladas, y ha tenido a su servicio a dirigentes institucionales a los que financiaban la campaña electoral y sus propios vicios.

Entre los detenidos se encuentran un general jubilado de la Guardia di Finanza, un alto cargo de la Policía y exmiembros de los servicios secretos, que filtraban información sobre las investigaciones y torpeadaban las pesquisas. Las acusaciones son de corrupción, financiación ilegal y fraude fiscal. Han sido secuestrados bienes por valor de 40 millones de euros.