El Poder Judicial se parte en dos ante la reforma del aborto del Gobierno

El anteproyecto de ley del aborto elaborado por el Ministerio de Justicia rompió en dos el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces se dividió, como siempre, entre conservadores y progresistas a pesar de las buenas palabras de su presidente, Carlos Lesmes, que al inicio de su mandato se comprometió a terminar con esas fracturas que han deteriorado la imagen de la institución y han alimentado las acusaciones de su politización. La fractura, además, también afectó al bloque de vocales nombrados a instancias del PP.

Después de tres meses de estudio y otros tantos aplazamientos para adoptar una decisión, ayer se pusieron sobre la mesa dos informes acerca de la intención del Ejecutivo de retornar a una ley de supuestos para la interrupción del embarazo en detrimento de la vigente ley de plazos. La primera de las ponencias, redactada por la vocal progresista Pilar Sepúlveda, planteaba la retirada de la reforma. La segunda, de la conservadora Carmen Llombart, abogaba por retoques parciales entre los que destaca el despenalizar el aborto en caso de malformación del feto, algo que no contempla ahora el borrador de Justicia.

Otros tres miembros del consejo, el juez Fernando Grande-Marlaska, propuesto por el PP, y los nombrados a petición de PNV y CiU, Enrique Lucas y Mercé Pigem, abogaban por aguardar a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por los populares contra la actual ley de plazos. La conservadora Nuria Díaz protagonizaba una cuarta vía y defendía mantener tal y como está redactado el proyecto gubernamental.

La propuesta de Llombart logró el voto de diez vocales, la oposición de ocho y la abstención de tres, las de Grande-Marlaska, Lucas y Pigem. A última hora Díaz optó por sumarse a la propuesta de Llombart pese a sus críticas anteriores, ante el riesgo de que alguna de las abstenciones se hubiera sumado al bloque progresista y este hubiera logrado imponer su criterio. Todos los vocales contrarios a la ley impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón anunciaron que formularan un voto particular, a los que podría sumarse el de Grande-Marlaska, según avanzaron ayer fuentes judiciales. No serán las únicas discrepancias. A pesar de respaldar el informe aprobado, los conservadores Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández presentarán votos concurrentes en los que expresarán sus dudas sobre la ponencia de Llombart. De esta forma, los votos particulares suman once, uno más que los obtenidos para sacar adelante la posición que ha resultado vencedora.

Bloques ideológicos

El ministro de Justicia defendió a capa y espada que con este Consejo del Poder Judicial, constituido a finales de 2013, se ponía fin a la división de bloques ideológicos que había caracterizado el trabajo y las decisiones del gobierno de la judicatura. Una afirmación que se ha derrumbado con estrépito en el debate y votación del proyecto de reforma de la ley del aborto. Cada bloque ha secundado el criterio de los partidos que en su momento respaldaron su nombramiento, con la excepción de Grande-Marlaska.

En cualquier caso, el dictamen del Poder Judicial supone un revés, pero menor para el Gobierno. Aunque el discurso oficial era de cerrada defensa del proyecto de Gallardón, fuentes gubernamentales y del PP reconocían que deberían introducir algunos cambios si querían lograr un mínimo consenso parlamentario y no tener que aprobar la reforma en solitario. El cambio, precisamente, de la despenalización en el supuesto de malformación fetal estaba en los planes gubernamentales, al menos en los de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien evitó ayer valorar la decisión del Poder Judicial. Se limitó a decir que sus observaciones serán analizadas, como se hace con todas las que emiten los órganos consultivos. El informe del gobierno de los jueces será uno de los más tenidos en cuenta, y su propuesta tiene muchas posibilidades de ser incorporada a la futura ley.

La reforma del aborto se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo ante las presiones de los sectores pro vida de la derecha que reclaman una norma aún más restrictiva, como las de la oposición y organizaciones de mujeres progresistas, que en bloque defienden que se mantenga la ley de plazos.