Un empresario se incrimina en un fraude para acusar a sus socios

Pocas veces, y más en estos tiempos de crisis donde aflora la corrupción cocinada durante las 'vacas gordas', se ven historias de este calibre. El protagonista es un empresario enfrentado con sus dos antiguos socios, uno de ellos su cuñado. La razón, una suma nada desdeñable de dinero para una firma mediana de zapatos de mujer, siete millones de euros. Y el resultado del desencuentro ha provocado nada menos que el denunciante se autoincrimine un fraude fiscal, supuestamente cometido por la empresa, para recuperar el botín evaporado.

El pasado 6 de junio José Díaz Vergara presentó ante un juzgado de Elda, Alicante, una denuncia por unos hechos presuntamente constitutivos de delitos de apropiación indebida, defraudación tributaria y delito contable, contra dos socios de la mercantil Aura Future S. L., conocida como LODI, con sede en la cita localidad. Se trata de su cuñado Joaquín Abellán y de José Luis Arráez.

Relata la denuncia que los tres asociados abrieron en Zurich, en la sede del banco Credit Suisse, con el auxilio del intermediario Dámaso Moreno, una cuenta a nombre de una sociedad previamente creada en las Islas Bahamas, llamada 'Kora Wealth Holdings Inc', en agosto de 2005. El denunciante y su cuñado tenían el 45% de las acciones, respectivamente, y el tercero un 10%.

En dicha cuenta suiza se materializó una serie de entregas de dinero que llegaron a superar los siete millones de euros. De todo ello, dice la denuncia, «no hay más datos, ni fechas, ni prueba documental porque era dinero B obtenido de la empresa indicada y desviado al extranjero por el intermediario, director en Credite Suisse».

¿Dónde está el dinero?

El depósito se fue nutriendo a la velocidad que el denunciante dejaba las gestiones del día a día en manos de los denunciados. En abril de 2009, José Díaz abandonó la empresa de zapatos por jubilación y transmitió sus participaciones. En ese momento Abellán y Arráez disolvieron a sus espaldas la «sociedad pantalla» de Bahamas. Ocurrió en junio de ese año y los siete millones volvieron al banco de Suiza.

En este movimiento aparece la firman «falsificada» del jubilado, que no dio su consentimiento ni fue advertido de tal disolución. Y a partir de ahí empieza el tira y afloja entre los cuñados para resolver el entuerto. En el caso de José Díaz, mantiene que su intención primaria era conocer el destino del dinero y regularizar la situación ante el fisco español. Por ello fue incluso a declarar de forma voluntaria a la Agencia Tributaria, donde asumió el fraude y se mostró partidario a acogerse a la amnistía fiscal del Gobierno si aparecía el botín sustraído.

Así, la denuncia ya está en un juzgado de Elda, pero la Liga Española Pro-Derechos Humanos, colectivo que recibió la queja de José Díaz, es partidaria de que sea la Audiencia Nacional quien abra una causa por tratarse de un delito fiscal con repercusión en segundos países (Suiza) y paraísos fiscales (Bahamas).