Medel y Romera se acogen a su derecho a no declarar ante la jueza Alaya

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el presidente del PTA, Felipe Romera, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza instructora del 'caso ERE', Mercedes Alaya. Medel y Romera comparecieron en la mañana de ayer en el juzgado 6 de Sevilla que instruye los ERE fraudulentos en calidad de imputados por haber sido miembros de los consejos rectores de la Agencia IFA-IDEA, una actividad no remunerada y que no guarda relación con sus responsabilidades laborales.

La defensa de Medel argumentó a la jueza, según fuentes del caso, que el banquero no declaraba por las dudas que existen sobre su competencia, dado que el ministerio público ha pedido la remisión de esta pieza del sumario al Tribunal Supremo al haber señaladas personas aforadas; también porque la propia Fiscalía ha reclamado la suspensión de las declaraciones y porque la jueza ha admitido que aún hay investigaciones pendientes de la Guardia Civil sobre el funcionamiento del IFA-IDEA. Medel ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que pide la revocación de su imputación.

Ni la Fiscalía ni la abogada de la Junta han solicitado medidas cautelares, aunque el letrado de Manos Limpias sí ha reclamado una fianza civil sin cuantificar en el caso de Medel, sugiriendo a la jueza que tuviera en cuenta que votó ayudas por valor de 117 millones de euros. La representante del PP dejó a criterio de la jueza la decisión de una fianza como viene haciendo con casi todos los imputados.

Alaya incluye a Medel y Romera en la tanda de 25 imputados, la mayoría excargos de la Junta de Andalucía, que fueron miembros de los consejos rectores de la agencia IFA-IDEA, a través de la cual se pagaban las ayudas a empresas que la jueza investiga como fraudulentas y cuyo procedimiento de pago considera ilegal. Alaya les imputaba en el auto del día 13 de mayo de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por no haber frenado en dichos consejos el pago de las ayudas. La jueza los considera conocedores del procedimiento para conceder las ayudas solo por el hecho de haber acudido a los consejos rectores en los que se aprobaban estas o haber delegado el voto en los casos en que no hicieron acto de presencia.

Consejo rector

En el recurso ante la Audiencia, la defensa de Medel sostiene que no hubo «un solo delito ni ilicitud alguna en su actuación», según fuentes jurídicas. Entiende que desde el principio «no hay motivos» para su imputación y que ha sido «absolutamente ajeno» a las ayudas concedidas e investigadas como fraudulentas. El alto cargo de Unicaja solo asistió a dos reuniones del consejo rector y «ninguna con funciones ejecutivas». También recuerda que los actos administrativos sancionados estaban incluidos en los presupuestos aprobados por el Parlamento.

Hasta ahora todos los imputados por este apartado se han acogido a su derecho a no declarar. Varios exaltos cargos de la Junta han expresado a la jueza los mismos argumentos que Medel de que la consideran no competente en este momento procesal para tomarles declaración al suscribir la tesis de la Fiscalía anticorrupción, que ha pedido la separación en piezas del sumario y elevar al Tribunal Supremo las que hacen alusión a aforados.

Los otros tres imputados citados ayer también se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata de Isabel de Haro, Pilar Rodríguez y Ángel Garijo. Todos ellos eran secretarios generales de diferentes áreas de la Consejería de Innovación.