Mato aprueba la ley del aborto con un informe jurídico de mínimos

Hubo debate, a pesar del enfado de algunos. Intenso en algunos momentos, pero de nada sirvió para los intereses de los cinco consejeros 'rebeldes' que se reunieron en Toledo con sus homólogos populares en la primera reunión del año del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). El punto de fricción, el que más discusión acaparó, fue el informe sobre los efectos que la reforma de la ley del aborto en el personal de los centros públicos.

Un estudio solicitado por el Ministerio de Justicia para saber qué va a suceder en estos lugares de trabajo, si es necesario hacer algún tipo de modificación y que varias comunidades intentaron retirar del orden del día. Asturias, Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña argumentaron que ese tema estaba metido «con calzador» y que no era necesario su debate debido a la situación del texto, que «pretende sacar adelante una demanda más ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores», como señaló María José Sánchez Rubio, consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Argumentaron que el anteproyecto propulsado por Alberto Ruiz-Gallardón esta todavía en una fase temprana de tramitación. Ni siquiera tiene el informe del Consejo General del Poder Judicial, que debatirá su resolución mañana viernes.

Pero el Ministerio se mantuvo inflexible. Decidió llevar el informe a la reunión. Y lo hizo con sorpresas para los presentes, tanto populares, como nacionalistas y socialistas. Era un estudio cerrado, técnico y de tres puntos. Un informe «de mínimos», según lo definieron algunas delegaciones autonómicas, y que fue rechazado de plano por las comunidades no gobernadas por el Partido Popular. «Nos lo dieron cinco minutos antes de hablar de ese punto. Es un informe jurídico que yo no sé valorar. Necesito estudiarlo», reconoció Faustino Blanco. El consejero asturiano pidió más tiempo para poder analizar el documento, algo que se rechazó durante la reunión.

Los tres puntos en cuestión, que afectaban a cuatro leyes, versaban sobre la objeción de conciencia de los profesionales, la modificación de la cartera básica de servicios con el cambio en la ley del aborto y la documentación que tienen que entregar los profesionales sanitarios a las mujeres que deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo. La conclusión del informe es que no hay «ningún impacto negativo sobre el SNS». Ya está. Ni la ministra ni la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ahondaron en los entresijos de la polémica reforma, que afecta de lleno al SNS. «No hemos hecho nada más», incidió la titular de Sanidad, que descartó cualquier intervención futura en este proyecto gubernamental.

Sobre la objeción de conciencia, que en el texto de Justicia, es generalizada (para el personal que interviene en el diagnóstico y en la intervención), Mato se limitó a señalar que «no se modifica sino se amplía». No quiso incidir a cuántos profesionales puede afectar con la nueva ley. La legislación actual solo la limita a los profesionales que directamente intervienen en la operación. El informe aprobado por el Consejo Interterritorial tampoco abordó puntos polémicos, como la intervención de dos psicólogos para que demuestren que una mujer puede abortar o el permiso tutorial o paterno para que una menor pueda abortar. Sí dio su plácet a su poco impacto en la cartera básica y a la información que debe recibir la paciente, que todas las regiones tienen pero que ahora se debe entregar por escrito a las féminas.

Agresiones

Donde sí hubo acuerdo de las comunidades y el Gobierno es en la mejora de los profesionales sanitarios. Se alcanzó un acuerdo para garantizar la movilidad de estos trabajadores en el territorio nacional a través de un futuro real decreto de Categorías y Equivalencias Profesionales. El texto incorpora un sistema de homologación de categorías. Además, se dio luz verde al primer informe de agresiones, desde 2008 hasta 2012. Según los datos recopilados, más de 30.000 profesionales sufrieron agresiones en España en ese periodo.

Los ataque se produjeron tanto en centros de atención primaria, con un 51% de los casos, como en los hospitales, y el 72% de las víctimas fueron mujeres. Ocho de cada diez agresiones fueron verbales, como insultos, vejaciones e intentos de coacción, y en uno de cada cinco casos, se produjo agresión física. además, en el 4% de las agresiones se produjeron importantes daños patrimoniales. Los médicos y los enfermeros son los colectivos más afectados.