La CEOE quiere un año de prueba y con despido libre para todo contratoNo a los nuevos impuestos eléctricos

La patronal no quiere que la legislatura termine sin que el Gobierno haga una nueva reforma laboral -sería la segunda del gabinete de Mariano Rajoy, tras la polémica aprobada por decreto en febrero de 2012-, consciente de que la próxima exigiría contar con un delicado equilibrio de poderes entre PP y PSOE ante el auge de los partidos minoritarios. Por eso, ha aprovechado la consulta que les ha hecho el ministro de Economía, Luis de Guindos, para preparar un documento donde plantean los cambios que creen necesarios para «mejorar el clima de negocios y el entorno empresarial».

Aunque el informe definitivo aún no está cerrado -está pendiente de las aportaciones que puedan hacer las distintas asociaciones que conforman la CEOE, antes de su aprobación por la junta directiva-, las propuestas que figuran en él son bastante firmes y, además, coinciden con el discurso que viene manteniendo la patronal. En todo caso, suponen un paso «un poco más allá» en algunas de ellas, matizan fuentes de la organización empresarial.

Es el caso, por ejemplo, de su pretensión de que casi todos los contratos nuevos estén regidos por el período de prueba que se introdujo hace dos años para los compromisos laborales con los emprendedores. Es decir, que también los acuerdos de carácter indefinido estarían sometidos a un período de prueba de un año -ahora no puede pasar de seis meses, salvo que se acuerde en convenio ir más allá-, al término del cual el trabajador podría ser despedido sin derecho a indemnización.

El problema es que ese cambio normativo está recurrido ante el Tribunal Constitucional en las demandas presentadas contra la reforma laboral, cuyo primer fallo podría conocerse este mismo verano. Los empresarios, sin embargo, consideran que «la adecuada definición del concepto de periodo de prueba no debiera plantear problemas jurídicos».

No parece, en cualquier caso, que sus otras demandas laborales vayan a resultar menos polémicas. La CEOE persigue también que el Ejecutivo cambie la ley para dar otra vuelta de tuerca en las limitaciones que tienen los tribunales a la hora de considerar nulo un despido. Así, su intención es que sólo se estime así si se «violan» derechos fundamentales o no ha habido un período previo de consultas con las partes, aunque no se castigaría que la empresa no entregue algunos documentos.

Más puestos temporales

En materia de contratación, el informe de la patronal plantea que se puedan firmar contratos temporales inferiores a dos años sin necesidad de especificar la causa, así como «eliminar las restricciones al encadenamiento» de este tipo de acuerdos laborales, ya sea en una misma sociedad o dentro del grupo empresarial al que pertenezca. Incluso quiere extender esa opción a los supuestos de sucesión o subrogación de un contrato con terceros, algo a lo que se oponen los sindicatos.

Otro de los fines que persiguen los representantes del empresariado es «potenciar» los contratos a tiempo parcial, haciendo incluso que pasen a serlo aquellos de tiempo completo que pudieran estar amenazados de despido. En la misma línea, piden más facilidades para introducir horas extraordinarias en este ámbito -por encima incluso de las pactadas con el empleado- y flexibilizar más el reparto del tiempo.

«Liberalizar por completo» la actividad de las empresas de trabajo temporal y poder aplicar a cualquier trabajador -«con independencia de su edad»- los contratos de formación (ahora limitados a los menores de 30 años) son otras de las solicitudes de la CEOE. Además, quieren que los autónomos con menos de cinco empleados puedan despedir más barato -12 días por año, lo mismo que en para los temporales- por un lustro.

Pretenden, a su vez, que los emprendedores queden fuera de los convenios sectoriales dos años y que pueda retirarse la prestación social a los empleados que acumulen más bajas si hay sospechas de fraude. Por último, demandan una ley de huelga -esta vez orgánica- más restrictiva.

Amén de insistir otra vez en una rebaja de las cotizaciones sociales y demandar con fuerza rebajas de impuestos -tanto por la vía directa de reducir el tipo máximo del impuesto de Sociedades como por la indirecta de mejorar y ampliar las deducciones existentes-, la CEOE quiere que el Gobierno elimine los tres nuevos tributos energéticos (para la producción y los residuos) que creó con la reforma eléctrica de 2012. Asimismo, reclama que el Estado costee -vía Presupuestos- el 100% de los costes extrapeninsulares del sistema, en vez de cargar una parte sobre la tarifa de la luz.