Bruselas declara la guerra a la dudosa ingeniería fiscal de las multinacionales

Lo venía advirtiendo desde hace meses y ayer, Joaquín Almunia, comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, formalizó uno de los grandes retos que se marcó cuando en febrero de 2010 accedió al cargo: combatir la ingeniería fiscal que las grandes multinacionales utilizan en territorio común a través de una compleja red de filiales para pagar sus impuestos en el Estado miembro más 'rentable', librándose así de abonarlos o al menos no pagar tantos como su volumen de facturación obligaría. Una práctica que unida al fraude fiscal hace que la Unión Europea pierda al año un billón de euros (tanto como el PIB de España, por ejemplo).

Ayer, el comisario Almunia anunció la apertura de una investigación formal por supuestas ayudas irregulares de Estado a Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda y Fiat Finance and Trade, en Luxemburgo. Tres casos que parecen ser el embrión de más investigaciones que llegarán en cadena en los próximos meses, como dejó entrever el comisario -se ha pedido también información a Bélgica o Reino Unido-. «Que yo deje el cargo -lo abandona en teoría el 31 de octubre- no significa que los funcionarios de la Dirección de Competencia deje de trabajar», puntualizó.

El vicepresidente, que eludió hablar de la tipología del Impuesto de Sociedades en estos países o del dinero supuestamente no pagado que podría llegar a ser devuelto -«es algo que habría que preguntar al final del procedimiento», matizó-, recalcó que en estos tres casos analizados «tenemos motivos para creer que las autoridades tributarias nacionales han renunciado a gravar parte de los beneficios de estas multinacionales» a través de acuerdos particulares entre ambas partes. «Estas practicas de planificación agresivas erosionan las bases impositivas en nuestros Estados miembros», apostilló.

Un hecho, explicó, que supondría una vulneración de la legislación comunitaria de Competencia puesto que se estaría beneficiando a ciertas empresas frente al resto. No sólo eso. Manifestó que «cuando los presupuestos están ajustados y a los ciudadanos se les piden que hagan esfuerzos para lidiar con las consecuencias de la crisis, no se puede aceptar que grandes multinacionales no paguen la parte justa de sus impuestos».

Deber y ética, un binomio que Bruselas busca fortalecer a toda costa tras la peor crisis en décadas. La hemeroteca dice que cuando Bruselas decide abrir un procedimiento de estas características, pocos son los casos en lo que el expediente acaba en el cajón. Sobre todo, porque el formalismo de ayer lleva tras de sí meses y meses de trasvase de información con el Estado implicado además de pormenorizados análisis de la documentación. De ahí que Almunia anunciase que existen «serias dudas» sobre esta metodología de tributación.

Lo hizo cubriéndose las espaldas asegurando que la apertura de la investigación formal «no prejuzga el resultado de la misma» y que sólo se refiere a tres casos concretos. «No se está poniendo en duda el sistema tributario de estos tres países, sólo tres acuerdos concretos», puntualizó -por ejemplo, los tipos impositivos vigentes en el Impuesto de Sociedades no están en entredicho, sólo la forma de calcular los beneficios-.

Luxemburgo no colabora

El comisario español no quiso aventurar el resultado de la investigación ni valorar futuros supuestos, pero la normativa de la UE sí concluye que la legislación bajo investigación debería suprimirse y las empresas afectadas tendrían que devolver las cantidades de las que se han beneficiado.

La multa sólo llegaría en el caso en el que la administración correspondiente se negara a recuperar este dinero, como sucedió en Euskadi con las llamadas vacaciones fiscales.

De lo que sí habló Almunia fue de la falta de colaboración que han sufrido sus técnicos por parte del Gobierno de Luxemburgo, que se ha negado a dar toda la información solicitada. Documentación que la Comisión pedirá a través del Tribunal de Justicia de la UE.