La Audiencia Nacional absuelve a 40 jóvenes juzgados por pertenencia a ETA

La Audiencia Nacional ha absuelto a 40 jóvenes juzgados en octubre pasado por un delito de integración en ETA a través de su pertenencia a la organización SEGI, y que se enfrentaban a penas de entre seis y doce años de cárcel.

La sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por Manuela Fernández de Prado y cuyo ponente ha sido Ramón Sáez Valcarce, consideran que los acusados no cometieron acciones de violencia callejera y solo les atribuye actos de contenido político bajo una plataforma sin relación con SEGI, la organización juvenil de la banda terrorista declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

La decisión del tribunal ha sido por dos votos a uno, el del magistrado Nicolás Poveda, y deja en mal lugar al instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, hoy presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que en noviembre de 2009 ordenó la operación policial contra los ahora absueltos. Precisamente, el juez pertenece a la sección que ha enjuiciado el caso.

En su escrito, el fiscal definió a SEGI como una "organización juvenil creada en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que complementa la actividad de lucha armada de la banda terrorista ETA mediante actos de 'kale borroka' o "lucha callejera" y persigue producir un "profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho".

Sin embargo, el tribunal no aprecia en su sentencia la vinculación entre los detenidos y la organización juvenil. "No ha quedado acreditada su pertenencia a SEGI y no han realizado algún tipo de aportación material o concreta a las actividades criminales de esta organización", señala la sentencia, que podrá ser recurrida ante el Supremo.

Detenciones

Los juzgados fueron detenidos en noviembre de 2009 tras la detención el 11 de abril de ese año en una estación de tren de París del entonces número dos del aparato logístico de ETA, Ekaitz Sirvent. Al etarra se le incautó un documento titulado 'La organización de la revolución juvenil en Euskal Herria', en el que se analizaba la situación de la organización y se daban directrices a SEGI.

En un documento incautado se detallaban acciones contra "intereses económicos (correo, telefónica, estaciones de tren...), bienes o sedes gubernamentales (diferentes delegaciones, INEM...), símbolos (quemas masivas y públicas de banderas, paneles, placas en recuerdo de fascistas...)" y hacer "señalamientos contra las diferentes policías, tanto bienes como representantes de partidos políticos represores (UMP, PSF, PSOE-PSE-PSN, UPN, PP...) y trabajo de señalamiento contra fuerzas autonomistas y regionalistas

En los registros ordenados por el juez Grande-Marlaska se incautaron también panfletos, librillos, pegatinas, camisetas y tazas con inscripciones relativas a SEGI y otras plataformas "pantalla". De la investigación también se deducía que SEGI se estructuraba en una dirección nacional que estaba subdividida en herrialdes (provincias), eskualdes (comarcas) y 'taldes' vinculados a la organización terrorista.