Rajoy y Rubalcaba defenderán en el Congreso el blindaje de la sucesión

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba cumplirán hoy con el último punto de la hoja de ruta para la abdicación que cerraron con el Rey el 29 de mayo pasado en torno a una mesa del palacio de la Zarzuela. Subirán a la tribuna del Congreso para demostrar, desde el máximo nivel, que los dos grandes partidos garantizan la vigencia del pacto constitucional de 1978 y de la fórmula política que hace 36 años se consensuó para alumbrar el nuevo Estado democrático, la Monarquía parlamentaria.

Sus 295 diputados, a los que se sumarán otros siete de UPyD, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, darán el visto bueno a la abdicación de don Juan Carlos, pondrán coto a la actual minoría parlamentaria que reclama un referéndum sobre la República, y, lo que es más relevante, de forma automática activarán la primera sucesión no traumática -no motivada por muertes o golpes de Estado- de la Monarquía española en varios siglos y que se consumará el 19 de junio con la proclamación de Felipe VI como Rey de España por las Cortes Generales, como prevé la Carta Magna en sus artículos 57 y 61.

Rajoy y Rubalcaba se convertirán hoy en el blindaje de la continuidad de la Corona, coincidirán en el argumento de fondo, el cumplimiento de la legalidad constitucional, pero lo harán desde matices ideológicos.

El discurso del presidente del Gobierno, el que abrirá las más de tres horas de debate, será monolítico. Solo hablará de lo obvio, de la abdicación del Rey y de la necesidad de aprobar la ley orgánica en discusión para cumplir el mandato de ratificación parlamentaria de la renuncia. «Eso será lo que yo diga, no sé que dirán los demás», aseguró ayer, en evidente referencia a que no dedicará ni medio minuto a la polémica del referéndum.

Su postura sobre ese asunto, no obstante, es conocida. El cambio de modelo requiere una reforma agravada de la Carta Magna y una mayoría de dos tercios de las Cortes. Mientras que los que la desean no tengan fuerza política para impulsarla no hay nada que discutir.

Rajoy dirá que, al contrario, la continuidad monárquica está garantizada por una muy amplia mayoría que cree que, además, coincide con el deseo de los españoles. En resumen, concluirá que lo que les reúne es un ejercicio histórico de «normalidad», de un país donde las leyes y los procedimientos «se cumplen», y de «estabilidad institucional».

Sus intenciones las completó el portavoz del PP, Alfonso Alonso, que será quien cierre el debate, cuando dijo que es un día «para estar a la altura» y «aparcar otros debates». «Nosotros no estamos por reabrir debates del pasado», añadió, con claro desinterés por las aspiraciones republicanas.

Alma y razón

El todavía secretario general del PSOE partirá del argumento central y recordará que, como volvió a ratificar la reciente Conferencia Política del partido en noviembre de 2013, tras un debate interno, el compromiso de los socialistas con el pacto político de 1978 y con la Monarquía parlamentaria es total, por lo que no cabe más posición que el sí. Un cosa, dirá, es el alma republicana del PSOE y otra la vigencia del punto de encuentro político que permitió la Constitución.

Pero, además, según las palabras de su portavoz, Soraya Rodríguez, defenderá que la ratificación de la abdicación «no tiene nada que ver con el debate Monarquía-República», que considerará lícito en cualquier otro momento o lugar. Se discute, aclaró ayer, una norma «meramente procedimental» que, en caso de rechazarse, no abriría la puerta a un cambio de modelo si no que simplemente le diría a don Juan Carlos que debe continuar con su reinado.

La aritmética parlamentaria permitirá que la sucesión monárquica sea un hecho en una semana, pero nacionalistas y formaciones de izquierda minoritaria declaran hoy en el pleno que el pacto de 1978 es papel mojado.

Los primeros, PNV, CiU, BNG, Geroa Bai, Amaiur y Esquerra, insistirán en que ha llegado el momento de abrir la Carta Magna no solo para variar la forma política del Estado sino, sobre todo, para permitir a Galicia, Euskadi y Cataluña que ejerzan su derecho a decidir si quieren o no seguir en España y en qué condiciones. La izquierda, IU y Compromís, se afanarán en reclamar un referéndum inmediato porque dicen que los españoles prefieren la República.