El AVE a Barcelona tuvo un sobrecoste de 1.732 millones

Las obras del AVE entre Madrid y Barcelona siguen rodeadas por la polémica. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, explicó ayer el informe de fiscalización del proyecto y concluyó que costó un 31,4% más de lo previsto. El presupuesto inicial fue de 7.235 millones de euros, pero la factura final engordó hasta los 8.967 millones, es decir, 1.732 millones más.

Cifras aparte -cada kilómetro de este trazado de alta velocidad costó 14,4 millones-, el tribunal censura severamente la actuación del ente público que administra las infraestructuras ferroviarias (entonces llamado GIF y hoy denominado ADIF). Le acusa de haber «abusado» de su facultad para aprobar expedientes de obra por razones de urgencia, lo que le permitía saltarse los trámites y controles administrativos habituales.

Sostiene, asimismo, que en muchas ocasiones las modificaciones de los contratos que se hacían «no cumplían los requisitos» legales. El motivo es que el ente público alegaba necesidades nuevas o causas imprevistas cuando, en realidad, eran «cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras o bien derivadas de una defectuosa ejecución de las mismas». Y el mismo reproche hace sobre trabajos pretendidamente complementarios que, en la práctica, escondían verdaderas modificaciones del proyecto.

Pese al cúmulo de irregularidades detectadas -que en algún caso, a denuncia de parte, han acabado en los tribunales-, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han exigido responsabilidades penales por ello. Tampoco han reclamado cambios en la ley, opinión que comparte el tribunal. Lo que sí se han abierto son diligencias previas de cara a resolver si se realizan juicios contables -con reclamación de cantidades para responsables de la obra- por incidencias en varios tramos.