Interventor y tesorero se desmarcan del desvío de fondos ordenado por Sánchez

Esta mañana han prestado declaración en el juicio que se sigue contra la exalcaldesa Pilar Sánchez (PSOE) el interventor que entonces ocupaba esa función durante el mandato de la socialista en 2007-2011 y el aún tesorero del Ayuntamiento. Los dos se han desmarcado de la decisión que adoptó la exregidora de pagar la nómina municipal con fondos que el Estado había concedido a Jerez para la ejecución de obras dentro del conocido Plan E y mediante un convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción de la Ciudad del Flamenco. Los dos se han ratificado en sus declaraciones realizadas durante la instrucción del caso y en los informes que redactaron advirtieron a Sánchez que se iba a disponer de un dinero para unos fines que no estaban autorizados.

Estas afirmaciones contradicen la versión de Pilar Sánchez, que ayer declaró en la primera sesión de la vista oral, en la que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel y al pago de 8,6 millones (dinero de las subvenciones que quedó pendiente de reponer tras perder la Alcaldía). La exprimera edil afirmó que esa medida de urgencia, ante la grave situación financiera del Ayuntamiento, se tomó en un gabinete de crisis en el que estaban presentes los dos testigos que acaban de comparecer ante la jueza del Penal 3 de Jerez.

También han negado, como explicó ayer la socialista, que sus informes en donde advertían que el Real Decreto que autorizó inyectar dinero a los municipios para dinamizar las economías locales a través de la realización de obras prohibía el uso de esos fondos para otros fines, contemplara la salvedad de hacerlo siempre y cuando se repusiera el dinero. La defensa reinterpreta estos informes de reparo asegurando que dejaban abierta esa posibilidad.

A favor de la acusada, los dos trabajadores municipales sí han manifestado que había intención de reponer los más de nueve millones de euros que se sacaron de cuentas restringidas y que desconocían que esas operaciones pudieran tener consecuencias penales. Si bien, el tesorero, ante las continuas preguntas de la defensa que trata de demostrar que su cliente no sabía que pudiera estar cometiendo un delito desviando fondos, ha sido taxativo afirmando que se estaba contraviniendo "una norma con rango de ley".

La sesión continúa estos momentos con la declaración de los técnicos encargados de los proyectos para los que el Estado había aprobado más de 17 millones. Algunos de estos trabajos tuvieron que ser pagados finalmente con una línea de crédito ICO que solicitó el Gobierno local de García-Pelayo (PP) al encontrarse sin liquidez para terminar las obras.