UGT reclama dar vuelta atrás al tope constitucional para el déficit

Freno y marcha atrás. Es lo que los sindicatos quieren hacer con la polémica reforma constitucional que PSOE y PP pactaron en agosto de 2011 a instancias de la Unión Europa para limitar el déficit en todas las administraciones públicas, a priori en aras a «garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo».

CC OO lo ha sugerido en alguna ocasión, aunque fue ayer UGT quien le puso voz a la reclamación. En la presentación de su Anuario, el líder de la central socialista, Cándido Méndez, instó al Gobierno a eliminar no sólo ese techo de gasto consagrado «con nocturnidad y alevosía» en el artículo 135 de la Carta Magna, sino también a otros dos párrafos «letales y fatídicos» que, a su juicio, están frenando claramente la deseada recuperación económica.

En concreto, el primero de ellos señala que la prioridad «absoluta» de los Presupuestos del Estado y el resto de administraciones ha de ser garantizar el pago de los intereses de la deuda. El segundo párrafo, a su vez, limita el nivel máximo de endeudamiento en el 60%.

Méndez hizo números y, según sus cuentas, cumplirlo supondría recortar en 400.000 millones de euros el pasivo actual del erario público, lo que dejaría desamparadas a otras partidas sociales que requieren financiación «ahora más que nunca». Si el Ejecutivo no cambia la Constitución, advirtió, se «ponen en tela de juicio las posibilidades de que podamos ver un escenario de salida real de la crisis».

La última Memoria del Consejo Económico y Social (CES) incide en ello, al advertir del riesgo que existe de que la pobreza en España «se cronifique y deje de ser algo coyuntural». El principal órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral -donde están representados patronales, sindicatos y consumidores- afirma que los servicios sociales y las rentas de inserción, amén de resultar «insuficientes», están disminuyendo.

Para el secretario general de UGT, los dos grandes problemas de España son ahora la deuda y el paro de larga duración, pues existe un «riesgo muy serio de «enquistamiento» para unos tres millones de personas.