La Justicia está en la picota ciudadana por sus decisiones y por el exceso de aforados

La regeneración de la administración de Justicia es una de las grandes tareas pendientes del país. Su correcto funcionamiento contribuye a fortalecer la democracia, dar credibilidad a las instituciones y generar confianza entre los usuarios de los tribunales.

La percepción pública es que el sistema judicial es lento, gravoso y demasiado politizado para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero si algo bueno, por decir algo, ha traído la crisis es que bastantes jueces se han erigido en la tabla de salvación para aquellas personas castigadas por el paro, el abuso bancario o la destrucción del estado de bienestar.

Más allá de las controversias políticas, las necesarias reformas legales de la administración de Justicia que ha impulsado el Gobierno deberían haber ido acompañadas de más medios humanos y materiales. Lo dice sin ambages el mismo fiscal general nombrado por el Ejecutivo. «Hacen falta menos leyes y más medios para combatir la corrupción», ha reclamado varias veces Eduardo Torres-Dulce en los últimos meses para combatir una de las lacras que más preocupa a los ciudadanos, que alimenta la crispación social y el descontento institucional.

De la misma forma, no es casual el debate surgido ahora a raíz del exceso de aforados en España, unas 10.000 personas, en comparación con otros países de nuestro entorno. El origen de la polémica surge por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que la futura reina Letizia, don Juan Carlos, doña Sofía y los Príncipes de Asturias se sumarán a este grupo de privilegiados ante los tribunales, todos altos cargos públicos.

El Tribunal Supremo ha criticado el exceso de aforados en un informe sobre dicha reforma, ya que la regeneración de la Justicia pasa por defender el principio de igualdad ante la ley.