Industria consuma, 10 meses después, el hachazo a las renovables

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al real decreto que fija el marco retributivo de las energías renovables, de cogeneración y tratamiento de residuos, y que sustituye al sistema de primas. Un hachazo cuantificado en 1.700 millones de euros -las empresas afectadas hablan casi del doble- y que se hace oficial diez meses después de que el Gobierno lo anunciara al comunicar los detalles de la reforma eléctrica. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, justifica el recorte con el argumento de que continuar con el modelo anterior «hubiese ido a una quiebra del sistema».

Con el nuevo modelo, los pagos se calculan a partir de la inversión realizada en cada instalación tipo -Industria ha fijado más de 1.400 estándares-, y sus años de vida útil. Una retribución referenciada a las obligaciones del Estado a 10 años más 300 puntos básicos, que en todo caso deben garantizar una rentabilidad «razonable» del 7,4% para las instalaciones actuales, y del 7,5% para las que entren en un futuro.

Una vez se apruebe la orden ministerial que desarrolla los parámetros retributivos -seguramente la próxima semana- se abrirá la veda para una previsible cascada de demandas judiciales en base a una «ruptura de la seguridad jurídica», tal y como denuncia la Unión Española Fotovoltaica (Unef). La Asociación Empresarial Eólica (AEE), a través de su director general, Luis Polo, califica de «incomprensible y profundamente injusta» la normativa aprobada por el Gobierno.

Los pequeños productores de energía fotovoltaica, agrupados en Anpier, han convocado el 21 de junio a una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo «para mostrar la situación de ruina, indefensión y desesperación que soportan».