Anticorrupción pide a Alaya investigar a Altadis y a varios sindicalistas, entre ellos un exlíder de UGT-A

El sindicato UGT vive los peores tiempos que se recuerdan y no para de recibir sobresaltos. Varios juzgados investigan el destino que dio a millonarias subvenciones de la Junta desde 2008. La jueza del 'caso ERE', Mercedes Alaya, ya enfocó sus indagaciones a las sobrecomisiones de más de 7 millones de euros que atribuye a este sindicato y a CC OO, habiendo imputado a varios sindicalistas. Ahora la Fiscalía anticorrupción ha subido un peldaño y pide la imputación de un máximo dirigente del sindicato, el exsecretario general en Andalucía Francisco Fernández Sevilla, por la financiación de las prejubilaciones de la multinacional Altadis.

Los fiscales anticorrupción adscritos al caso de los ERE fraudulentos han remitido un escrito a la jueza instructora Mercedes Alaya y le insta a incorporar a la causa nuevas diligencias sobre la concesión irregular de una ayuda sociolaboral de 26 millones de euros a Altadis, puesta en sospecha por la Guardia Civil y la Intervención del Estado. Se refiere a la subvención que la Junta aprobó conceder en 2005 al expediente de regulación de empleo (ERE) de Altadis para la prejubilación de 173 trabajadores de 50 a 51 años tras meses de protestas en ambas ciudades. La Junta pagó hasta 2010 solo 22 millones.

Anticorrupción sostiene que en esta subvención «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que a tenor de la legislación podría considerarse «nula de pleno derecho». Estima que la Junta de Andalucía «se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa», ya que las subvenciones fueron formalmente ayudas directas a la compañía y no a los trabajadores, aunque estos las recibieran en última instancia.

La Fiscalía, siguiendo la tesis de la jueza, coloca el foco en el método: «No existe en todo el expediente ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regula la concesión de subvenciones», afirma.

Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra entienden que debe ampliarse la imputación los directores generales de IDEA Antonio Valverde y Miguel Ángel Serrano; los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y la técnica María José Rofa.

También señalan a los responsables de la empresa Altadis y a los sindicales que participaron en el acuerdo con la Junta, entre ellos Fernández Sevilla, quien entonces era solo un alto directivo del sindicato. En concreto piden que conforme al artículo 132.2 1 del Código Penal se dicte resolución contra el exdirector de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea; Fernández Sevilla, Blanca Uruñuela Aguado, de UGT, y Antonio Perianes Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo de CC.OO. ; y que se considere a estos sindicatos y a Altadis responsables civiles subsidiarios. Fernández Sevilla sustituyó a Manuel Pastrana en abril de 2013 y dimitió en noviembre por el escándalo de las facturas falsas.