La Fiscalía pide que declare en el caso ERE el exsecretario general de UGT Andalucía
Actualizado:La Fiscalía Anticorrupción reclamó hoy a la juez que instruye el caso de los ERE que incorpore a la causa nuevas diligencias referidas a la concesión irregular de una ayuda pública de 22 millones de euros a la empresa Altadis y que aparece puesta bajo sospecha en los últimos informes policiales y de la Intervención general remitidos a Mercedes Alaya. El ministerio público pide que declare el exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y varios excargos de la Junta al entender que la empresa recibió realmente una ayuda discrecional encubierta bajo la forma de una regulación de plantilla.
En su escrito, enviado hoy mismo a la juez Alaya, Anticorrupción vuelve a dejar patente su voluntad de separar la causa en función de las distintas ayudas, y reclama además a la juez que para evitar “dilaciones innecesarias” y avanzar en la instrucción, vaya imputando ya a todas las personas señaladas en los últimos informes incorporados a la causa. También reclama “medidas cautelares de naturaleza real” que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos, y que a fin de llevar a buen puerto el final de la instrucción se refuerce del juzgado al ser consciente el ministerio público de los “limitados recursos humanos y materiales” con que cuenta Alaya y el “innegable y prolongado esfuerzo que se realiza”.
Referente a las nuevas imputaciones, los fiscales resaltan que en el informe pericial de la Intervención del Estado concluye que la ayuda a la tabaquera Altadis concedida en 2005 –aunque materializada años más tarde-- “pudo constituir una subvención directa a la empresa y no a los trabajadores”, ya que la Junta “habría asumido obligaciones propias de la empresa” durante la regulación de plantilla. La ayuda, prosiguen los fiscales, se habría entregado “total y absolutamente al margen de cualquier procedimiento establecido”, por lo que podría ser nula de pleno derecho.
En este sentido, pide a la juez que tome declaración a varios responsables de la entidad en esa época, así como a varios cargos públicos, entre ellos los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Llamativo resulta además la petición de comparecencia del exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla, dimitido el pasado noviembre a raíz del escándalo de las facturas falsas y otras irregularidades contables en la central.
Entienden los fiscales que Fernández, en esos años al frente de una de las secciones sindicales, y otros responsables sindicales tanto de UGT como de CC.OO son responsables civiles subsidiarios al haber mediado en el expediente. Así, pide que se tome declaración también a Blanca Uruñuela Aguado, de UGT, y Antonio Perianes Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo de CC.OO.