El trámite de la abdicación se convertirá en un debate sobre Monarquía o República

El pleno que el miércoles servirá al Congreso para dar el visto bueno, en una sola sesión y con la aprobación de una ley orgánica, a la abdicación de Juan Carlos I se transformará al mismo tiempo en un vivo debate político sobre si España debe ser una Monarquía o una República. Posiblemente será la primera discusión monográfica que va a vivir el Parlamento español, al menos desde la etapa constituyente, sobre está apasionada y recurrente polémica de la vida política.

La razón oficial de la sesión extraordinaria parlamentaria, que Congreso y Senado refrenden la abdicación del Rey y permitan así la proclamación de Felipe VI, sería un mero trámite institucional si aún se mantuviese intacto el consenso sobre la forma política del Estado pactada en 1978 para poder sacar adelante la Carta Magna. Pero no es así.

La aprobación del proyecto de ley orgánica del Gobierno, que en tan sólo 45 palabras se limita a corroborar la abdicación de don Juan Carlos, y el éxito de la sucesión monárquica están asegurados con los votos del 86% del Congreso -y un porcentaje aún mayor en el Senado-, por el blindaje que suponen los 295 escaños de PP y PSOE, que además se verán secundados por los cinco diputados de UPyD y otros tres más de partidos minoritarios.

Pero un nutrido grupo de siglas de la izquierda parlamentaria, encabezadas por IU, tienen la declarada intención de cuestionar durante las dos o tres horas que durará el debate la continuidad de la Monarquía con la entronización automática del príncipe Felipe, y exigirán al Parlamento que ponga en marcha un referéndum que determine si los españoles, 36 años después de aprobada la Constitución, prefieren el retorno de la República.

Los grandes partidos no podrán orillar esta controversia porque IU, heredera del PCE que entró en el consenso de 1978, y otros partidos como Equo-Compromís, el Bloque Nacionalista Gallego o Geroa Bai, reclamarán el referéndum y el cambio a la fórmula republicana a través de las enmiendas a la totalidad de la ley orgánica que tienen derecho a defender en el pleno monográfico. Será la forma legal de introducir en la Cortes la agitación que ya desarrollan en la calle con protestas y manifestaciones en todo el país.

Enmiendas para una consulta

Compromís, el primero de estos partidos en dar a conocer sus enmiendas, mantendrá que la Cortes tienen capacidad para reclamar ya un referéndum sobre la forma política del Estado porque, dice, la Constitución en su título segundo, el de la Corona, solo describe la sucesión automática del Rey en su heredero en el caso de muerte o incapacidad. Consideran que, como lo que se ha producido es una abdicación voluntaria y en vida, el Parlamento es soberano para resolver las dudas sobre la sucesión en la Jefatura del Estado con una ley orgánica que plantee fórmulas para el cambio a la República.

La lógica de Compromís, sin embargo, obvia el contenido del artículo 1.3 de la Carta Magna, que no está en el título segundo, pero sí en el igualmente relevante título preliminar. Y dice, «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Esa afirmación conduce a los argumentos que desarrollarán a la contra los defensores de la sucesión en Felipe VI. PP y PSOE, con sus matices, por ser el segundo como UPyD un partido de raíz republicana, indicarán que las aspiraciones antimonárquicas son políticamente lícitas, pero que para poder aplicarlas en las Cortes no basta con desearlo sino que hay que poner en marcha una reforma agravada de las Constitución, que cambie la forma del Estado, y disponer para ello de una mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, lo que supone al menos 233 diputados en la cámara baja.

Una cifra muy alejada de los 47 escaños que sumarán el miércoles los noes y las abstenciones cuando llegue el momento de las votaciones. Los socialistas, además, defenderán la continuidad de la Monarquía como compromiso para cumplir con el pacto constitucional aún vigente.

Los nacionalistas e independentistas, además de mirar con buenos ojos a la República y con mejores a la celebración de consultas vinculantes, aprovecharán la visibilidad del debate del miércoles para reclamar que lo que de verdad esperan del Estado, más allá de que lo encabece un Rey o un presidente, es que deje de poner trabas al ejercicio de la autodeterminación de «naciones» como Cataluña, Galicia o Euskadi, por considerar ya papel mojado la estructura autonómica pactada en 1978 y aspirar a fórmulas de mayor autogobierno, dentro o fuera de España.