La Junta andaluza exige 1,8 millones a UGT por subvenciones injustificadas

La Junta de Andalucía exige en firme 1,8 millones de euros al sindicato UGT por ayudas indebidamente justificadas concedidas por la Dirección de Políticas Activas de Empleo. Aunque el consejero de Economía José Sánchez Maldonado, competente en materia de empleo, no precisó ayer en el Parlamento autonómico el objetivo de estas ayudas ni el importe total de los otros 19 expedientes que la central tiene abiertos en estos momentos a la espera de justificar las ayudas, IU cuantificó estas subvenciones en 15,2 millones de euros.

Sánchez Maldonado compareció a petición propia para dar cuenta de la revisión interna iniciada en el Ejecutivo de Susana Díaz tras destaparse el escándalo de facturas falsas de UGT, un fraude que costó el puesto al secretario general de la central en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, al conocerse que se sufragaron comilonas en la Feria de Abril y gastos de organización con fondos destinados a programas de orientación laboral o negociación colectiva. Según explicó el consejero, dos de los procedimientos de revisión ya han cumplido todos los trámites y aun así el sindicato no ha logrado justificar 1.800.722 euros de una ayuda concedida entre 2010 y 2011 por un importe total de 10,2 millones de euros. La única salida que le queda a la central para evitar el pago es acudir a los tribunales.

El sindicato ya ha tenido que devolver dos facturas injustificadas por 25.000 euros, que se sumarían a las dos ayudas que ahora tiene que reintegrar. Además, la Consejería está a punto de terminar los trámites de otros dos expedientes por irregularidades en fondos de los programas de asesoramiento laboral de 2009 y 2010. Unas anomalías cuantificadas inicialmente en otros 1,8 millones de euros, aunque falta por ver qué cantidad ha podido justificar UGT. Son los informes de reintegro más avanzados, dado que quedan otros 16 están en distintas fases de alegaciones por parte de la central, y uno más en fase inicial de validación de la justificación.

El consejero defendió la «transparencia y rigor» de su departamento, pero IU, su socio de Gobierno, reprochó la falta de mecanismos de control «durante mucho tiempo», y que se haya estado actuando a instancias peticiones policiales o judiciales. En la misma línea, el PP criticó la información «tardía y sesgada» de Sánchez Maldonado sobre las revisiones de la Consejería, lamentando que no se aclarase si la petición de reintegro conlleva petición de responsabilidades.