Torres-Dulce reclama más policías ante el «problema serio» de la corrupción

«Tenemos un problema serio con la corrupción». El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pronunció ayer estas palabras ante un foro propicio para ello. En unas jornadas organizadas por la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social de España, el máximo responsable del Ministerio Público no sólo dibujó la realidad que se encuentra casi a diario, sino que aportó soluciones o, más bien, trazó la pauta que tendría que seguir el Ministerio del Interior para tratar de acabar con esta lacra que genera la desafección de la sociedad o, al menos, se agilicen los procesos que en ocasiones se demoran, a su juicio, «demasiado en el tiempo».

De ese modo, el fiscal general solicitó públicamente que se dote a la Fiscalía de más policías y guardias civiles para luchar contra la corrupción, una medida que, aparte de «reforzar este músculo de la Justicia», propiciaría que se pusiera fin al sambenito de que desde determinadas instancias se trata de dirigir la labor «independiente» -recalcó Torres-Dulce- de la Fiscalía. «Espero de aquí a finales de año tener en las fiscalías unidades de investigación. A estos agentes policiales deberían sumarse personal técnico para peritar de formar competente», deseó Torres-Dulce, consciente de que «la corrupción es un tema acuciante para los españoles», como quedó de nuevo reflejado en el último sondeo publicado ayer del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El fiscal general es de la opinión de que «existen instrumentos suficientes para atacar la corrupción», empezando por la prevención y finalizando por leyes de transparencia. Para ello aboga por una reforma de las administraciones mediante su profesionalización «hasta el mayor alto nivel de decisión, dado que el progresivo aumento de asesores políticos ha causado un daño irreparable». También estima necesario revisar las bases de contratación pública y que se refuerce la fiscalización interna de las administraciones. «Los tribunales de justicia y los tribunales de cuentas contra la corrupción son el último eslabón», aseguró Torres-Dulce, quien también se mostró partidario de agilizar los procesos penales para que las faltas puedan ser juzgadas en un plazo de 72 horas. Para ello, insistió, no se precisan grandes reformas, «sino reasignar recursos y la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Justicia universal

La Fiscalía General del Estado no fue la única que ayer lanzó una propuesta. También lo hizo la Audiencia Nacional, esta vez al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que se retiren las limitaciones que impiden perseguir el narcotráfico en alta mar. Para ello propone modificar el apartado 4 del artículo 69 del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que concierne a espacios marítimos.

El articulado actual establece que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de ser tipificados como algunos delitos con condiciones expresadas en diferentes apartados de este precepto.

Y lo que pide la Audiencia Nacional es que se especifique «los supuestos previstos en los tratados con el objeto de reforzar una interpretación a favor de la jurisdicción española, con una remisión en bloque de todos los supuestos previstos» en los mismos. También propone sustituir «espacios marinos» por «espacios marítimos» para ajustarse así a las normas de Derecho Internacional Marítimo.