Fomento completará los realojos de las familias okupas de la Corrala Utopía

La Consejería de Fomento realojará a quince familias de las diecisiete integrantes de la Corrala Utopía. La reubicación de éstas, tras ser desalojadas del edificio okupado durante dos años, propiedad de Ibercaja, motivó hace tres meses la mayor crisis de Gobierno entre PSOE e IU, que se saldó con la concesión de viviendas, aunque en régimen de realojo, a ocho de ellas.

Fomento, área en poder de IU, asegura que los servicios sociales comunitarios de Sevilla han acreditado la situación de 'exclusión social" o de 'vulnerabilidad o riesgo' de 15 familias de la Corrala, por lo que «el realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su 'riesgo de exclusión social', y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios».

Los informes de los servicios sociales municipales indican que ocho familias se encuentran en un estado de 'vulnerabilidad o riesgo', «lo cual ya justifica plenamente su realojo», dice Fomento, y siete atraviesan una situación 'deficitaria o de exclusión social', «que es más grave aún que la anterior», añade la Consejería. Las familias evaluadas son siete de las ocho ya realojadas, y ocho de las nueve cuyo realojo quedó pendiente de la actualización de los informes. Las dos familias no evaluadas se tratan de una no empadronada en Sevilla y de otra que tiene un menor a su cargo y está en realojo en espera de que el Ayuntamiento actualice su informe.

La consejera, Elena Cortés, ha insistido en que los informes sociales dan la razón a su proceso de realojo, que «ha sido y continuará siendo impecablemente justo y legal».

Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla sólo reconoce a dos familias reunir los requisitos por baremo y la concejal delegada, Dolores de Pablo-Blanco, decía ayer que la Corporación no «avala ni deja de avalar» lo que haga la Junta, aunque consideraba que contar algún indicador de exclusión, como por ejemplo estar en paro, en situación de violencia de género o con menores a su cargo, es algo común a muchos ciudadanos de Sevilla.

La concejal puso en duda esta decisión que «la Junta tendrá que explicar», porque «no se debe premiar a aquellos que dan una patada a la puerta». Dolores de Pablo-Blanco se preguntó «por qué unos tienen más derecho que otros. Hay familias en Sevilla que están en la misma situación» y «si sólo se ha tenido en cuenta esto, por qué se ha priorizado a estas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda».

Cortés, sin embargo, habló de una «campaña de desprestigio», aseguró que «el baremo no es de aplicación en los realojos» e instó al Ayuntamiento a ocupar sus viviendas vacías, que cifró en 528.