LA REINVENCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA MONARQUÍA

Nadie podía pensar en abril de 1931, cuando se proclamó la República después que unas elecciones municipales adversas, transformadas en plebiscito sobre la monarquía, decidieran al Rey, Alfonso XIII, a renunciar al trono y a abandonar el país, que cuarenta y cuatro años después, la Monarquía, encarnada en un nieto de Alfonso XIII (Juan Carlos I), fuese el régimen que garantizase, o presidiese, el restablecimiento de una nueva etapa democrática en el país. Menos aún, que la Monarquía apareciese como solución a lo que se veía como la crisis española del siglo XX, el ciclo integrado por la caída de la Monarquía en 1931, la II República (1931-36), la guerra civil (1936-39) y la dictadura del general Franco (1939-1975).

Ello fue consecuencia de numerosos factores y circunstancias. Dos cuestiones fueron, con todo, determinantes: los problemas permanentes de institucionalización de la dictadura de Franco y la figura de don Juan de Borbón, el tercero de los hijos de Alfonso XIII (y padre del futuro Rey Juan Carlos), jefe de la Casa Real y titular en el exilio de la Monarquía, tras la abdicación en febrero de 1941de Alfonso XIII. El conflicto entre ambas cuestiones fue esencial. Por un lado, la instauración de la Monarquía a la muerte de Franco en 1975 fue resultado de las previsiones sucesorias del franquismo, que fiaron en una Monarquía continuista (que el franquismo llamaba la Monarquía del 18 de julio) la garantía de la continuidad del franquismo después de Franco; por otro, la simple presencia de don Juan de Borbón como titular de los derechos dinásticos desde 1941 cuestionó de raíz la operación sucesoria. Por dos razones: porque la designación de don Juan Carlos como sucesor (1969), aun hijo de don Juan, rompía la misma sucesión dinástica; y porque, inspirado tanto por su conciencia dinástica como por su visión del papel integrador de la monarquía, don Juan se había pronunciado, desde su Manifiesto de Lausana de 1945, contra el régimen de Franco -aunque mantuviera contactos con éste, y en su entorno político hubiera personalidades de dicho régimen- y, de acuerdo con sus asesores políticos (según el momento: Sainz Rodríguez; Gil Robles y Vegas Latapie; José Mª Areilza.), había impulsado la redefinición de la Monarquía como un régimen -«la Monarquía de todos»- de reconciliación e integración de los españoles.

Los proyectos continuistas del franquismo, en cualquier caso, no iban a cumplirse. Muerto Franco (20 noviembre 1975), no hubo monarquía del 18 de julio. La monarquía del Rey Juan Carlos, proclamada a la muerte del dictador, sería en muy poco tiempo una monarquía constitucional y parlamentaria. A ello contribuyeron distintos factores: el desarrollo económico del país entre 1960 y 1975; la crisis del franquismo desde 1969; la necesidad de la nueva Monarquía de liberarse de su origen franquista y dotarse de legitimidad propia y democrática; el contexto internacional (caídas de las dictaduras portuguesa y griega en 1974, apoyo de Europa y los Estados Unidos a una España democrática). El nuevo Rey, Juan Carlos I, nacido en Roma en 1938, resultó ser un Rey para la democracia. Entendió que la institucionalización de la monarquía exigía que ésta conquistase la legitimidad democrática de que carecía en razón de su origen, su nombramiento como heredero por Franco en 1969, que había lesionado los derechos de su padre, don Juan, y amenazado la estrategia restauracionista que éste había mantenido desde 1943/45.

El Rey Juan Carlos pilotó el cambio, la transición, que permitió que España evolucionara en apenas tres años de la dictadura a la democracia, transición que en síntesis supuso: la liquidación del continuismo franquista; la paulatina atracción e integración de la oposición democrática (incluido el Partido Comunista y los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco) en principio hostil y republicana pero que supo anteponer el restablecimiento de la democracia a cualquier consideración doctrinal; la reconciliación de los españoles y la superación de la guerra civil; y la construcción de un sistema político y constitucional nuevo que incluyó además, una reforma decisiva, sobre todo para País Vasco y Cataluña, en la organización territorial del Estado.

Fueron operaciones complicadas y difíciles, presididas por la improvisación y la incertidumbre y en las que se cometieron errores que generaron resistencias y tensiones. Pero se acertó en lo sustancial: en el hombre, Adolfo Suárez, nombrado presidente de gobierno por el rey en julio de 1976, y que entre esa fecha y 1981 llevó a cabo toda la reforma política del país; y en el procedimiento, reforma, y no ruptura, desde la propia legalidad franquista. La transición logró así un nuevo consenso histórico. Con la Constitución de 1978, España se configuró como una Monarquía democrática y como un Estado autonómico que confería un alto grado de autogobierno a nacionalidades (Cataluña, País Vasco, Galicia) y regiones. A pesar del terrorismo de la organización vasca ETA -850 muertos entre 1975 y 2011-, la democracia española cristalizó en un régimen estable y plural, integrado en la Unión Europea desde 1985, y (hasta la crisis de 2008) en una de las economías más dinámicas de Europa. El Rey Juan Carlos fue esencial en la neutralización del Ejército a todo lo largo de la transición, un ejército hasta los años ochenta nada favorable a las reformas acometidas; y en la acción exterior del país, especialmente en Latinoamérica, Europa, Marruecos y los países árabes. La joven democracia española derrotó el intento de golpe de estado militar que se produjo el 23 de febrero de 1981. El Rey actuó con decisión: a él, a sus asesores y a los altos mandos del ejército y de los cuerpos de seguridad, se debió el mantenimiento de la disciplina militar prácticamente en toda España.

Como en toda Monarquía parlamentaria, el Rey, apoyado en su gestión por una reina, doña Sofía, impecable, era desde 1978 la parte dignificada de la Constitución. La Monarquía -discreta, no cortesana, no suntuaria- era ahora en España, desde 1975, un marco solvente para la democracia. Aun salpicada en los últimos años por algunos escándalos y por problemas de salud del propio Rey, lo seguía siendo en 2014. La abdicación del Rey, aun inesperada, constituye, en una primera lectura, una sucesión tranquila y no traumática, casi natural y por tanto positiva: la posibilidad de renovación de la Monarquía tras un reinado plenamente completado.