Otros casos de cargos públicos 'cazados'
Actualizado:El magistrado Enrique López no es el primer caso de un cargo público que tiene que presentar su dimisión por conducir borracho. El diputado del Partido Popular Ignacio Uriarte, vocal en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, tuvo que renunciar a la vocalía tras dar positivo en un control de alcoholemia -arrojó una tasa de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado cuando el límite legal está en 0,25 y es delito a partir de 0,60-. Sin embargo, no todos han optado por la dimisión. El senador popular Ángel Blanco fue condenado por circular con uan tasa de 0,70 en 2004. En 1997, el entonces diputado socialista y secretario de la Mesa del Congreso Javier Barreiro se negó a soplar en un control de alcoholemia. El Tribunal Supremo sentenció que negarse al test era sólo una infracción administrativa; posteriores reformas legales convirtieron en delito negarse a pasar el control.