El Gobierno pone al día el Código Mercantil y acaba con los «excesos» autonómicos

Más de un siglo y cuarto ha tenido que pasar para que el Poder Ejecutivo aprobara un nuevo Código Mercantil -su antecedente, que data de 1885 y aún sigue vigente hoy en día, se llama Código de Comercio-, y eso que su puesta al día viene siendo reclamada desde hace años por distintos sectores y operadores económicos. Hablamos de un macrotexto dividido en siete libros, más un título preliminar y, además, con un desarrollo de 1.726 artículos.

Con tanto tiempo transcurrido, obviamente el anteproyecto de Ley del Código Mercantil aprobado ayer por el Consejo de Ministros introduce numerosos cambios, aunque en su mayoría se trata de elementos que ya venían aplicándose aunque estaban desperdigados en distintas normas y leyes. Por eso, los departamentos de Economía y Justicia -que han ido de la mano en este texto, en el que venía trabajando la Comisión General de Codificación desde hace ocho años-, destacaron que su promulgación «acabará con la dispersión existente en la materia».

Es más aún, al igual que en otras reformas emprendidas por el Ejecutivo, el titular de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, dijo que también «contribuirá a la recuperación de la actividad económica», en la medida que incrementará la seguridad jurídica. Y es que uno de los fines declarados del nuevo Código, según fuentes ministeriales, es «acabar con los excesos regulatorios de las comunidades autónomas en material civil, al haber entrado a regular la operativa mercantil cuando ésta correspondía en exclusiva al Estado»

De hecho, desde ambos departamentos se apuntó a la nueva normativa mercantil como un «complemento idóneo» de la Ley de Unidad de Mercado, que entró en vigor a finales del año pasado. «Esto nos permite garantizar que en todo el territorio español las normas contractuales serán las mismas», insistieron.

En cualquier caso, y ante posibles quejas desde las comunidades, los autores del texto precisaron que el Código -que no sólo afectará a los empresarios, sino a todos los operadores del mercado como, por ejemplo, profesionales liberales- «no altera el ámbito competencial entre el Estado y las autonomías». «Lo que se ha pretendido buscar -señalaron- son unas reglas claras, únicas y con vocación de permanencia».

Cierres exprés

Eso sí, no serán tantos años como los del viejo Código de 1885 que, por ejemplo, introducía como novedades tecnológicas la máquina de vapor y el ferrocarril. Entre los cambios efectivos -que no simples traslaciones o adecuaciones de otras normas- que trae el texto ahora en marcha destaca la posibilidad de liquidar empresas con graves problemas económicos sin tener que recurrir al concurso de acreedores, a fin de agilizar con ello los trámites.

Eso sí, para 'saltarse' ese proceso será necesario que se den situaciones «evidentes» de insolvencia y quiebra técnica como, por ejemplo, no contar con activos o bienes. Es lo que se conoce como cierres exprés y que venían reclamando distintos expertos mercantiles hace tiempo. Llama la atención, sin embargo, que dentro del código no se regulen los contratos de distribución, turísticos y también de transporte -así como los relativos a la operativa del mercado de valores-, tres de los sectores de más peso en una economía como la española aún muy dependiente de los servicios. Desde el Gobierno no dieron mayores explicaciones al respecto salvo apuntar que lo hacía por criterios de «prudencia» debido a sus especificidades.

También se regula de forma concreta la posibilidad de que el Gobierno se oponga por «razones de interés público» a operaciones mercantiles transfronterizas. En realidad, ya podía vetar fusiones o concentraciones entre una sociedad nacional y otra extracomunitaria gracias a una directiva europea anterior.

Asimismo, se duplica hasta los 120.000 euros el capital mínimo necesario para constituir una sociedad anónima, aunque se mantiene en 3.000 para las sociedades limitadas. Una vez reciba los informes consultivos de distintos órganos -entre ellos, la CNMC-, el Gobierno pretende remitir el proyecto del Código a las Cortes en octubre, para su aprobación antes del verano de 2015.