Interior confirma que suavizará la ley de Seguridad Ciudadana tras las críticas de los jueces

Ya es oficial. Interior da a su brazo a torcer y va a suavizar de manera notable el que iba a ser su proyecto estrella, la nueva ley de Seguridad Ciudadana, la norma que debía dotar, según el Gobierno, a los policías y guardias civiles de nuevas armas para hacer frente particularmente a la creciente conflictividad social.

Las duras críticas de inconstitucionalidad del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos consultivos del Estado a algunos de los aspectos más polémicos de la norma, según fuentes del Ejecutivo, se van a tener en cuenta en el nuevo texto que, según otras fuentes, «va a quedar casi irreconocible».

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, intentó minimizar los cambios y aseguró ayer que solo se van a modificar «algunos aspectos» para «mejorar» la ley «técnicamente» y no para «suavizarla». No obstante, las modificaciones previstas por los juristas de Interior son de calado y afectan a algunos de los que eran los ejes de la reforma. No se tocará, por ejemplo, la actual redacción sobre los registros domiciliarios, que deberán ser siempre con orden judicial o ante la evidencia de que está cometiendo un delito flagrante.

Tampoco saldrá adelante la pretensión de Interior de poder realizar identificaciones por meras faltas administrativas o de llevar a comisaría a las personas que no puedan o quieran identificarse. Solo podrán ser trasladados a dependencias policiales cuando la identificación sea necesaria para esclarecer un delito o cuando el sospechoso ya haya cometido una infracción.

Otro de los puntos más espinosos, el de considerar responsables de las posibles algaradas a los convocantes de las manifestaciones o concentraciones legalmente autorizadas, directamente desaparece. Y se regulan de manera escrupulosa los cacheos para evitar, como dejaba abierto hasta ahora el proyecto, la posibilidad de desnudar a los sospechosos.