La Junta enmascaraba las «irregularidades» de los ERE

El Parlamento de Andalucía «no pudo tener conocimiento» de las irregularidades en los ERE porque los presupuestos utilizaban una «terminología críptica e imprecisa», según un informe de la Intervención General del Estado.

Dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, dice que las agencias andaluzas IFA e IDEA redactaban sus presupuestos con «una indeterminación acerca de quién pudiera ser el órgano otorgante o concedente de las subvenciones sociolaborales, lo que impediría conocer tanto la inadecuada presupuestación realizada por la Consejería de Empleo, como las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones».

«No podemos concluir que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento pudiera tener conocimiento de la existencia de irregularidades en la presupuestación o en su caso de la tramitación de las subvenciones sociolaborales», dicen los interventores, que han elaborado un tercer informe a petición de la juez instructora del caso de los ERE Mercedes Alaya.

«Terminología críptica, imprecisa y equívoca»

La juez ha notificado este miércoles a las partes dos informes ampliatorios de la Intervención del Estado sobre lo que pudieron conocer la Comisión de Economía del Parlamento, por un lado, y la Cámara de Cuentas de Andalucía, por otro, sobre las irregularidades en los ERE y en ambos aseguran que la documentación examinada utiliza «una terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca».

Según los interventores, las agencias IFA e IDEA elaboraban «incorrectamente su presupuesto de ingresos, incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes del programa 31L que no eran tales, ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad (único establecido en la ley) sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control».

«En consecuencia, se estaban utilizando inadecuadamente por la Consejería de Empleo las transferencias de financiación para fines distintos a los legalmente previstos» y las agencias IFA e IDEA «incluía en su presupuesto unos gastos inexistentes que nunca se iban a producir, lo cual mantenía la apariencia de compensar aquellos ingresos que habían sido incluidos indebidamente en su presupuesto, procedentes de las transferencias de financiación».

Debido a la indeterminación sobre el otorgante de la subvención y la inadecuada presupuestación realizada por la Consejería de Empleo, los auditores consideran que no hay la «evidencia necesaria» sobre irregularidades en «la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L», dice el informe.