Andalucía urge al Gobierno a negociar la nueva financiación autonómica

Andalucía se impacienta por el retraso del Gobierno en convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la nueva financiación autonómica. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, reclamó ayer que se agilice la cita y que concluyan los trabajos del grupo que elabora el documento de síntesis con las valoraciones enviadas por las comunidades autónomas, que debía estar terminado en abril. Montero atribuyó el retraso a «intereses partidistas y electorales», por lo que expresó su «desagrado».

Además, la consejera andaluza rechazó «frontalmente» la posibilidad de que se mantenga el actual sistema otorgando a las comunidades nuevas figuras tributarias con mayor capacidad normativa. «La reforma del sistema es ineludible», dijo, ya que «no podemos parchear el modelo con un aumento de la capacidad tributaria», puesto que «las comunidades con mayor nivel de renta pueden obtener ingresos muy superiores a los de Andalucía con un pequeño esfuerzo fiscal».

Asimismo, Montero rechaza este aumento de la capacidad normativa, que supondría implantar copagos en servicios como sanidad o educación. «Para Andalucía es básico centrar la reforma en corregir las diferencias existentes en los recursos recibidos per capita», que es lo que determina «la igualdad entre todos los ciudadanos».

Montero enumeró también la aspiración de que todas las regiones tengan similar autonomía financiera, para que «la corresponsabilidad fiscal pueda ser ejercida en igualdad de condiciones». Así, dijo que «reclamamos al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones, liderando el proceso de reforma y haciendo valer los principios constitucionales». La consejera insistió en que Andalucía está mal financiada y que con el actual sistema recibe «menos recursos que el resto de los españoles».

Exceso centralista

La consejera intervino en la apertura de un seminario organizado por el Centro de Estudios Andaluces, en el que se presentó el informe 'El impacto de la disciplina fiscal europea en el funcionamiento interno de los Estados descentralizados', del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Manuel Medina Guerrero. Concluye Medina que «el Gobierno central se ha erigido en protagonista absoluto en su beneficio del reparto del déficit en perjuicio de las Comunidades Autónomas y de su autonomía financiera», al imponer la disciplina fiscal que exige la UE a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica 02/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El informe sostiene que estas medidas son las más estrictas de las llevadas a cabo en los países descentralizados de la Unión Europea y extienden la posición jerárquica del Estado sobre las regiones a ámbitos no cubiertos expresamente por la reforma del artículo 135 de la Constitución. En Alemania, que en principio se tomó como punto de referencia, la reforma constitucional deja un amplio margen al legislador de los 'länder' para decidir cómo frenar el endeudamiento, pero en España las autonomías «apenas disponen de margen de maniobra para determinar cómo cumplir con sus límites presupuestarios».

En esta teoría coincidió la consejera: la normativa ha «socavado la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas», el Gobierno se salta sus propias reglas e impone mayores sacrificios a las regiones: «Con los actuales objetivos de consolidación las comunidades autónomas han de reducir su déficit hasta el 0,2% del PIB en 2016», un adelanto del plazo establecido por la ley que consideró «inexplicable». Además, el reparto es «desequilibrado e insolidario».

Montero reclamó de nuevo que las tres décimas a las que el ministro Montoro ha renunciado reviertan en las comunidades.