Una medida desmedida

Parecía una broma pero no lo era. La compañía estatal de trenes franceses SNFC ha errado de manera clamorosa en su último encargo de 2.000 nuevos vagones a las compañías fabricantes Alstom y Bombardier para renovar su flota de trenes regionales TER. Parte del material encargado no cabe en los andenes. No era una broma, eran recelos entre instituciones públicas, consecuencia de la confrontación derivada de la separación operada en 1997 entre la SNCF, que gestiona el material ferroviario y la marcha de los trenes, y la RFF, responsable de la infraestructura y los andenes. Tan es así que no es broma, que el Gobierno francés prepara el proyecto de ley de reforma del sector ferroviario, cuyo objetivo prioritario es acabar con esta separación, origen de la 'presunta broma'. Pero lo que sí me parece de broma es que los sindicatos se opongan a ese proyecto y el gobierno francés se lo piense. La ley es la expresión de la soberanía popular y los sindicatos pueden mostrar sus reticencias y oposiciones, pero de ahí a que condicionen proyectos legislativos a todas luces necesarios, me parece una broma de muy mal gusto. El problema es que eso no sólo ocurre en Francia, que allá ellos, es que también ocurre aquí.

Cuando dicen que la mejor empresa pública es la que no existe, creo de manera firme y categórica que se está haciendo un mero ejercicio de sentido común. El cúmulo de decisiones públicas de las Administraciones españolas en general, en las que se toman medidas a todas luces desmedidas, son palpables. ¿Qué es si no la creación en la Junta de Andalucía de la llamada administración paralela? ¿Podemos asumir el coste que supone mantener la actividad en HUNOSA? ¿La capacidad productiva de los astilleros públicos españoles puede mantenerse? ¿Acordar una administración el compromiso de recolocación de toda una plantilla de una empresa privada, por cierre de sus instalaciones en pleno proceso concursal, ante la cercanía de unas elecciones es de recibo? ¿La superposición de diferentes administraciones es deseable? ¿Las políticas activas y pasivas de empleo en el agro andaluz, son las que convienen para hacer prósperos esos territorios?

Las respuestas a todas estas preguntas deben considerarse midiendo adecuadamente las decisiones que se toman y no tomarlas en ningún caso de manera desmedida. Porque desmedidas son, sin duda, todas aquellas que se adoptan produciendo agravios comparativos entre ciudadanos, las que no ponen especial énfasis en la eficacia y eficiencia de las decisiones adoptadas. Quizás la respuesta venga de la mano del Derecho común, precisamente en la juridicidad del término sentido común, que no es otra cosa que el de la diligencia de un buen padre de familia, en los términos expuestos en los artículos del Código Civil 1.094, 1.104.2, y 1.903 in fine. Es el arquetipo del que toma medidas a todas luces medidas, en ningún caso desmedidas.