El Gobierno se plantea otra vuelta de tuerca ante el endeudamiento

A Dios rogando... y con el mazo dando. El fervoroso ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere hacer bueno el refrán y se está planteando dar una nueva vuelta de tuerca frente al aún importante problema de endeudamiento que arrastran las empresas españolas. Al tiempo que el Gobierno trata de abrir nuevas alternativas de financiación -el 'manguerazo' efectivo del ICO ascenderá este año a 16.000 millones de euros ante la lenta recuperación del crédito-, quiere restringir el camino de las deducciones fiscales.

Hace poco más de dos años -30 de marzo de 2012-, el Ejecutivo aprobó un controvertido decreto ley que no pasó desapercibido en los despachos de los principales fiscalistas del país. Con él, limitaba claramente los gastos financieros -como los intereses de obligaciones y bonos, los dividendos y otras rentabilidades que ofrecen las compañías- que pueden deducirse las empresas a través del impuesto de sociedades, penalizando así, entre otros supuestos, el coeficiente de endeudamiento de aquellas si resultaba «excesivo».

La inspiración de ese cambio venía precisamente de una reforma emprendida en 2008 por Alemania, es decir, la 'tutora' europea. Su fin era limitar los intereses deducibles para evitar que se disparase el pasivo empresarial. Desde entonces Hacienda aplica un doble tope a la deducibilidad de esos gastos financieros: de un lado, los limita al 30% del beneficio operativo de cada ejercicio y, de otro, exige que la cantidad a rebajar no supere el millón de euros.

Eso sí, para compensar ambos límites, permite diferir en el tiempo esas compensaciones: hasta 18 años si los gastos superan ese 30%, si bien no alcanzan el millón. Y si no rebasan dicha frontera porcentual, durante cinco años podrán elevarla de forma extraordinaria hasta alcanzar, en conjunto, la diferencia que provenga de los ejercicios anteriores.

Un doble efecto

Con estas salvedades, el golpe al conjunto de las empresas resultó menor del previsto, salvo para las aseguradoras -excepto si tributan dentro de un grupo multidisciplinar- y las que entraban en concurso. Ahora, sin embargo, Hacienda ha vuelto a hacer números y cree que penalizar fiscalmente el endeudamiento tendría un resultado doblemente positivo.

De un lado, incrementaría la recaudación -en la medida que limita las deducciones-, objetivo nada desdeñable para cumplir con el objetivo de déficit al tiempo que lleva a la práctica su promesa de bajar impuestos, sobre todo a las rentas medias y bajas. De otro, pone otro grano de arena para que el recorte del endeudamiento vuelva a coger fuerza: si en 2012 cayó ocho puntos de PIB, el año pasado apenas lo hizo la mitad.

Para los expertos, sin embargo, el resultado final podría no ser el esperado, al menos en el segundo punto. «En estos momentos, las empresas miran poco los incentivos fiscales», apunta Jesús Palau, profesor de Control y Dirección Financiera de la escuela de negocios Esade. Por ello, considera que ese posible endurecimiento fiscal no tendría efectos «significativos a corto plazo, si bien a largo será muy beneficioso».

Más cauteloso se muestra el director de Banca de Empresas del Banco Sabadell, Eduardo Currás, para quien «es difícil pensar que se penalice más el endeudamiento, justo ahora que todavía no hemos dejado atrás la crisis y las compañías siguen necesitando financiación». Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, va un paso más lejos y advierte de que sería «contraproducente» para la recuperación.

De momento, lo que el Ejecutivo sí hará seguro es introducir un nuevo cambio en su reforma concursal para que afecte también a las empresas que ya estaban en esta situación.