La renta básica comienza a definirse

Lleva al menos cuatro años en el vocabulario político y sólo ahora empieza a dar sus primeros pasos: la 'renta básica', una ayuda que quiere ser definitiva para las familias sin ingresos, comienza a ser analizada por expertos y parlamentarios, dentro del grupo de trabajo que se ha creado en la comisión de Igualdad, Salud y Política Social de la Cámara andaluza. Definir el concepto, incardinarlo dentro de un sistema de ayudas reordenado y en fin, aprobarlo y ponerlo en marcha antes de que acabe la legislatura, es el objetivo del debate con expertos que acaba de iniciarse.

El grupo de trabajo se creó el pasado diciembre, con el acuerdo de todos los partidos, a partir de una proposición no de ley de Izquierda Unida, que ya había intentado una iniciativa similar, junto con el PA, en 2010. Entonces se aparcó, explica su ponente, Manuel Baena, de IU, pero ahora parece correr mejor suerte, amparada además por los acuerdos del pacto de Gobierno entre PSOE e IU.

Primera reunión

A la primera sesión han acudido representantes de Andalucía Acoge, de la Universidad Loyola, el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y un técnico del Gobierno Vasco, comunidad que tiene implantado un subsidio similar. Además la comisión, que preside la parlamentaria Carmen Martínez Aguayo, estudia toda la legislación comparada en esta materia.

Porque lo primero es definir qué es la renta básica. De momento, quienes la tienen implantada, como Asturias o Extremadura, además de Euskadi, ofrecen subsidios diferentes. «No es un concepto definido, sino una bandera, un nombre que incluye criterios diferentes y no hay una línea dominante ni política ni intelectual», dice Soledad Pérez, ponente socialista.

Lo que sí se descarta, de momento, es abordar una 'renta básica universal', porque ello supondría una modificación del IRPF, que las comunidades autónomas no pueden llevar a cabo. «Los expertos nos han dicho que si queremos una renta básica universal es preciso un pacto de Estado, porque sin financiación estatal no es posible. Ya que no lo va a haber, pensemos en un tipo de intervención diferente», dice Pérez. Baena explica a su vez que «no hay en la actualidad ninguna experiencia de renta mínima universal», de modo que «de momento los esfuerzos se centran en crear una cobertura mínima que dure el tiempo necesario, se conceda con agilidad y cuente con la participación de los trabajadores sociales para su evaluación».

Así los primeros debates abren otras vías, desde un 'salario social' mejorado, con más tiempo de cobertura y una ampliación de los beneficiarios, hasta un salario vinculado a la inserción laboral o no. El salario social, o renta básica de inserción, es un subsidio que otorga la Junta, por seis meses, con un importe de 641 euros y que actualmente se concede a 55.577 personas, el doble que al inicio de la crisis, mientras que otras diez mil están en lista de espera para conseguirlo.

Colectivos implicados

De momento, los grupos parlamentarios han elaborado una amplia lista de comparecientes entre los que no sólo están técnicos y profesionales, sino los colectivos afectados, como inmigrantes, mujeres gitanas, personas con enfermedad mental, usuarios de los servicios sociales.

Entre las primeras comparecencias se abre paso la idea de que es el momento de la renta básica no sea una ayuda más, sino que sirva para poner en orden todo el sistema de prestaciones. «No se trata de sumar a lo que hay. Sería una mala práctica. Se trata de aprovechar su regulación para reordenar el sistema de ayudas, incluidas las de vivienda y empleo», explica la representante socialista. «Se trata de crear un nuevo marco en el que poner a la persona con su prestación en el centro de las políticas, en vez de, como ahora, que sean los beneficiarios quienes tengan que acudir a buscar su subsidio». Así lo expuso la representante de los trabajadores sociales, que ven cómo, por ejemplo, una familia consigue el salario social y a los seis meses, cuando se agota, ha de acudir a las ayudas familiares de emergencia y van de una a otra prestación, con el papeleo correspondiente. «Se trata de conseguir ordenar los recursos y que la renta básica incluya ayudas que ya existen y se facilite su acceso». La idea que parece abrirse paso, en estos momentos iniciales, es configurar la renta básica como una ayuda a la unidad familiar, concedida con criterios objetivos y que el límite temporal se relacione con la desaparición de las causas que motivan el recurso.

De momento, dice el parlamentario de IU «estamos oyendo propuestas, muchas conclusiones en la necesidad de unificar en una sola las prestaciones dispersas». Se trataría de una remodelación de las ayudas que necesitará del consejo de los técnicos, que participarán en el grupo en próximas sesiones.

Además, hace notar Soledad Pérez, se espera para septiembre la entrada en la Cámara de la Ley de Servicios Sociales, donde se avanzará este marco general y se habrá de encajar el desarrollo futuro de la renta básica.

Inserción laboral

¿Quiénes serían los beneficiarios? En principio, se piensa en ampliar más allá de las personas en riesgo de exclusión y se duda de que la inserción laboral deba ser un condicionante, sobre todo ahora que es tan difícil encontrar empleo. Por eso se piensa en ampliar a la «inserción social» como contraprestación, es decir el cuidado de los menores, la escolarización, o el compromiso de normalizar la situación familiar. Manuel Sánchez, dirigente de la Red andaluza de Lucha contra la Pobreza, defiende que la renta básica «no sólo tenga como condicionante el ámbito laboral, sino la promoción personal, porque entre nuestros colectivos lo que hay es un déficit de autoestima y es preciso adquirir primero habilidades sociales para prepararse a participar en la vida laboral».

Por su parte, Manuel Baena destaca de la experiencia expresada por el representante del Gobierno Vasco que en esta comunidad la renta básica no ha desactivado la demanda de empleo de los perceptores. Por el contrario, es la zona donde el mercado laboral ha registrado un mayor crecimiento. La gran cuestión es cómo se pagará la 'renta básica', en momentos de duros ajustes. Baena afirma que «concentrar en una ayuda las distintas percepciones que existen no supondrá más dotación de presupuesto». Tampoco se plantea llegar al cien por cien de las personas sin ingresos. De momento, la cobertura del salario social supone un quinto aproximadamente de las familias que no perciben ningún dinero. «Habrá que aumentar el presupuesto para estas partidas, pero ya se verá cuando se aborde».

Soledad Pérez comparte esta idea. De la reordenación saldrá, por ejemplo, que no sea necesario el decreto contra la exclusión actualmente en vigor.

Por su parte el líder de la Mesa del Tercer Sector defiende que no será tan costoso, «si se suprimen otras ayudas asistenciales, que no serían necesarias desde el momento que exista la renta básica, pues sustituiría a éstas». Sánchez cree que «hay muchas ayudas que son parches» y apunta que «se recorta de donde se quiere, luego hay partidas que suben».