El Gobierno «obliga» a los jueces a acatar la reforma de la justicia universal

Hasta la fecha no había habido un pronunciamiento tan rotundo del Gobierno sobre la polémica reforma de la justicia universal, que ha abierto la puerta a la excarcelación de 43 supuestos narcos extranjeros detenidos en alta mar. Pese a las reiteradas críticas de los jueces, solo el Ministerio de Justicia había sostenido que la norma no se iba a modificar. Pero ha sido finalmente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ayer salió al paso para dejar claro que no habrá marcha atrás con la ley por mucha protesta de jueces que haya.

Con la Audiencia Nacional revuelta por la aplicación de la nueva justicia universal; los jueces instructores rebelados frente al archivo de sus causas; y la mayoría de la Sala de lo Penal partidaria de suspender juicios de 'narco-barcos' y decretar excarcelaciones en aquellos casos que no cumplan los requisitos de la norma, que sólo limita a España la aplicación de la jurisdicción, Saénz de Santamaría recordó que la ley está para cumplirla, pese a quien le pese.

En su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno aseguró que los jueces discrepantes están «obligados» a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba, después de que varios magistrados hayan calificado de «chapuza» la reciente reforma y hayan pedido que se rectifique. Sáenz de Santamaría recordó que en un sistema de división de poderes, igual que el Gobierno está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el Legislativo, los jueces están «obligados a aplicarlas». Y si surgen dudas, la ley prevé unos mecanismos de actuación, afirmó.

La vicepresidenta aprovechó para recordar que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal, que ha generado «problemas» desde su introducción en el ordenamiento jurídico en 1985. Así, el anterior Gobierno socialista ya redujo en 2009 alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar casos cometidos fuera de nuestras fronteras.

Jurisdicción

La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española.

Con respecto a los delitos de narcotráfico, se requiere que la carga tenga España como origen o destino, precisó la portavoz del Gobierno. En este punto, admitió que han surgido «dificultades» en el caso de aquellas barcos de bandera no española detenidos en aguas internacionales y que «en algunos casos» ni siquiera se dirigían a España. En estos casos, «no es que (los delitos) queden impunes», dijo, pues las autoridades españolas pueden denunciarlo ante la justicia del país de los presuntos delicuentes.

Ayer, la Audiencia Nacional suspendió un juicio contra cinco ciudadanos extranjeros, cuatro brasileños y un coreano, a los que detuvieron en alta mar cuando llevaba 1,7 toneladas de cocaína valoradas en 60 millones de euros. La razón es que los acusados por un delito contra la salud pública podrían ser excarcelados por la reforma de la justicia universal, algo que se decidirá en un pleno de la Sala de lo Penal el 6 de junio. La Fiscalía pedía para ellos 13 años y medio de cárcel.