Artur Mas presenta las urnas y las papeletas para la consulta soberanista

A menos de seis meses para la consulta soberanista y en el último día de la campaña electoral para las elecciones europeas, que en Cataluña tendrán una lectura en clave de apoyo al desafío independentista, el Gobierno catalán presentó ayer los modelos de urna y papeleta que aspira a utilizar en el referéndum del 9 de noviembre.

Se trata, en el caso de la urna, de una caja plegable de cartón blanco con una ventana plastificada en ambos laterales y que tendría un coste de dos euros por unidad, mucho más económica que la que se utiliza normalmente, una de plástico duro que cuesta 35 euros. Para unas elecciones autonómicas, Cataluña suele emplear unas 8.000 urnas, pero la Consejería de Gobernación estudia encargar unas 6.000 para evitar tener que convocar un concurso público, que podría ser impugnado.

La papeleta será blanca, de 21 por 10 centímetros, en la que aparecerá la doble pregunta: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?, sí o no»; «En caso afirmativo: ¿Quiere que ese Estado sea independiente?, sí o no».

La presentación buscó, sobre todo, un golpe de efecto en el día de cierre de la campaña electoral. Ante el temor de que Esquerra pueda ganar las europeas en Cataluña tras llevarse una buena cantidad de votos independentistas de Convergència, ya que entre el electorado ha calado que la opción soberanista más auténtica y la que no dudará con la consulta es ERC, el Gobierno catalán quiso lanzar el mensaje de que su compromiso con el referéndum es firme. Y también quiso trasladar que va cumpliendo con los plazos y las fases previstas.

Al margen de las urnas, la Generalitat trabaja asimismo en la creación de un censo y en la identificación de los colegios electorales que usará el 9-N. Con ese propósito, ha pedido la colaboración de los más de 900 ayuntamientos catalanes. Unos 400, entre ellos Barcelona, Gerona, Manresa, Sant Cugat o Mataró, ya han mostrado su voluntad de ayudar, pero hay localidades como Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Tarrasa, Sant Adrià, Sant Boi o Cornellà, que se opondrían. El siguiente paso que dará Mas será aprobar la ley de consultas, en septiembre, y firmar el decreto de convocatoria del referéndum. «Todo estará listo. El operativo estará a punto para garantizar una consulta transparente, internacionalmente incuestionable y con plenas garantías jurídicas», prometió ayer en un artículo en la prensa catalana la vicepresidenta, Joana Ortega.

¿Malversación?

A partir de ahí, empezará la batalla judicial. Primero la impugnación del Gobierno central al Constitucional, luego la suspensión cautelar y más tarde esperar a ver cuál es la decisión de Mas: si acatar la ley, seguir adelante y celebrar la consulta en cualquier caso, o convocar elecciones. Por si tuviera dudas, el Gobierno de Mariano Rajoy le advirtió ayer de que el único camino que puede emprender es el del cumplimiento de la ley. «Ha quedado bien claro que el referéndum de autodeterminación no es posible y quiero recordar al presidente de la Generalitat su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y no hacer nada que suponga su incumplimiento», recordó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo central evitó, en cualquier caso, desvelar cuáles son sus planes para impedir la consulta. De momento, el PP anunció que estudiará si la compra de urnas puede ser un delito de malversación. «Ni un solo euro del dinero que pagamos los catalanes puede ir dirigido a un acto ilegal», afirmó la presidenta del PP autonómico, Alicia Sánchez Camacho.

Haya o no un delito, el encargo de las urnas siempre ha estado rodeado por la polémica desde que el PP acusó a la Generalitat de «utilizar» a presos para preparar la consulta. Y es que, todo apunta a que las urnas y las papeletas se elaborarán en el Centro de Iniciativas para la Reinserción de Lérida, empresa pública que se dedica a buscar salidas profesionales a los reclusos.