El juez Andreu critica al Gobierno «por usar la Justicia como moneda de cambio»

Es una norma no escrita en la carrera judicial que jueces y magistrados sólo expresen sus opiniones sobre los temas que les competen en sus resoluciones. Sin embargo, es cierto que cuando algún togado interviene en congresos o foros públicos sus palabras retumban con más fuerza o se tienden a magnificar.

Esto es lo que ocurrió ayer con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El magistrado intervino en un congreso sobre jurisdicción universal organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y criticó con dureza al Gobierno por tratar a «la Justicia como un producto comercial que se usa como moneda de cambio frente a intereses estratégicos o comerciales».

Andreu se refería así a la intervención diplomática de China para que el Ejecutivo modificase la Ley Orgánica del Poder Judicial por vía de urgencia para restringir la jurisdicción universal. Una decisión que abrió la puerta a cerrar la docena de casos internacionales que se investigan la Audiencia Nacional. En particular, el 'caso del genocidio del Tíbet', que provocó la imputación y la orden de busca y detención del expresidente chino Jiang Zemin, medida que provocó un gran revuelo en Pekín y llevó a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia a intervenir de forma urgente. Así, en tan solo cuatro meses, los populares llevaron al Congreso una proposición de ley para limitar a la mínima expresión la aplicación de este principio jurídico en España.

Durante su intervención, Andreu se refirió a la nueva ley salida de la Cámara baja con los únicos votos del PP como «complicada», pero vaticinó que seguramente será rechazada por el Tribunal Constitucional ya que, desde su punto de vista, «vulnera la tutela judicial efectiva e impone a los jueces el archivo de las causas abiertas, olvidando la separación de los poderes ejecutivo y legislativo, así como que la interpretación de las leyes deben realizarla los jueces y no se puede imponer un sobreseimiento desde el Congreso».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro expuso además las dificultades legales y logísticas a las que se han enfrentado los magistrados en diferentes casos que han instruido, como el del genocidio de Ruanda. Sostuvo asimismo que la técnica utilizada para realizar esta última reforma legal ha sido «chapucera» y que, por ahora, sólo ha servido para dejar en libertad a 43 supuestos narcotraficantes extranjeros, pero no ha logrado el archivo de la mayoría de las causas que precipitaron la reforma, que esperan pendientes a lo que diga el Tribunal Supremo.

Impunidad

El abogado en la querella por el 'caso del Tíbet', José Esteve, indicó que la causa abierta por este genocidio mostraba la «verdadera cara de China, que en ese momento se encontraba en una campaña internacional para lavar su imagen». «Ante las evidencias, la embajada china exigió, con una carta al Ministerio de Exteriores, el archivo de esta causa», aseguró el letrado en el foro en el que participaba el juez Andreu.

El abogado Manuel Ollé, de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, acusación popular en otros sumarios, repasó la historia de la jurisdicción universal en España y defendió que se trata del «único mecanismo para acabar con la impunidad». De la misma forma, el letrado Joan Garcés lamentó el temor que los gobiernos profesan a este precepto legal, al que consideran como «enemigo a abatir».

La experta en Derechos Humanos Almudena Bernabéu destacó a su vez la importancia del proceso español en la condena del genocidio guatemalteco y aludió al carácter universal de este principio. «Si la Justicia es universal es, precisamente, porque no atiende como límite la nacionalidad de las víctimas».