El expresidente de El Monte también se suma al silencio

El expresidente de El Monte José María Bueno Lidón se acogió ayer a su derecho constitucional a no declarar ante la magistrada de los ERE Mercedes Alaya. Bueno Lidón compareció ante la jueza apenas cinco minutos, los que tardó en leerle un resumen de los delitos que le imputa por haber participado en 26 reuniones de los consejos rectores de la agencia IFA-IDEA que aprobaron 60 ayudas a empresas que considera ilegales.

Bueno Lidón se sumó así al silencio de los siete altos cargos de la Junta que han desfilado desde el lunes por el despacho de Alaya. El exbanquero no hizo, sin embargo, ninguna alusión a la incompetencia de la magistrada en esta parte de la instrucción por haber señalado aforados en ella, como sí han hecho algunos de los imputados. También se acogió a su derecho a no declarar la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís. Otros dos cargos citados, Rafael Herrera Gil, que fue secretario general de Empleo entre 2003 y 2004, y Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales con el PA, no acudieron por distintos motivos.

Queja de la Prensa

Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) remitió ayer una queja a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la jueza Mercedes Alaya por el incidente este martes con un periodista que cubre la información de los ERE.

La jueza Alaya ordenó a la Guardia Civil retener y analizar el contenido del teléfono móvil de un periodista de 'La Razón' al entender que podría haberle grabado. El periodista estaba cargando el móvil en un pasillo cerca del despacho de la jueza.

La magistrada «interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado», explica la APS. «Lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas», advierte.