Un juez ordena que el hijo de Tejero vuelva a su puesto en el cuartel de Valdemoro

El teniente coronel Antonio Tejero Díaz, hijo del golpista del 23-F que asaltó el Congreso, volverá a dirigir el Grupo de Reserva y Seguridad número uno de Valdemoro (Madrid) de la Guardia Civil. Un Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha resuelto que Tejero Díaz vuelva a su puesto de trabajo hasta que se resuelva el procedimiento abierto por el Ministerio del Interior por la polémica celebración del aniversario del fallido golpe de Estado en su cuartel.

Tras conocerse el 17 de marzo la celebración de una comida en las instalaciones militares, organizada por el teniente coronel Tejero Díaz y a la que asistieron, entre otros, su propio padre y el capitán Jesús Muñecas, imputado por un juez argentina por torturas en el franquismo, Interior apartó al implicado de su puesto.

Según se conoció, los guardias civiles que manda Tejero cocinaron la paella que se sirvió y realizaron una exhibición de material y vehículos del acuartelamiento.

Recurso

Tejero Díaz recurrió la decisión de Interior y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, en un auto del 9 de mayo, ordenó que vuelva a su destino. La decisión judicial «deja en suspenso cautelarmente» la resolución por la que el Ministerio revocaba el destino que tenía asignado, según la resolución dictada el 14 de mayo por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

La decisión de revocar el destino a un agente se acompaña de la apertura de un expediente disciplinario. La Guardia Civil designa a un instructor para que investigue el caso y determine si el agente ha cometido una falta y, de ser así, de qué gravedad. El alejamiento de las tareas de mando suele ser consecuencia de la conclusión de ese expediente, pero en el caso de Tejero Díaz Interior lo apartó antes de resolverse el expediente.

El juez recuerda que la ley no asigna al ministro la competencia para revocar un destino que fue conferido por resolución del director general de la Guardia Civil. Es decir, que quien nombra es el mismo que tiene competencia para destituir. Y como en este caso fue Fernández de Mesa quien lo hizo, rechaza la suspensión.