Excargos de la Junta unifican criterios para guardar silencio ante Alaya

Otros cinco excargos de la Junta de Andalucía citados por la jueza que instruye el 'caso de los ERE' se acogieron ayer a su derecho a no declarar, lo que sugiere que los directivos de la Junta imputados en este sumario han unificado criterios para guardar silencio ante Alaya. Casi todos argumentan que no consideran competente a la jueza para seguir instruyendo el caso, y se aferran al escrito de la Fiscalía instando a elevar el sumario al Supremo por estar implicados aforados.

Hasta ahora cada uno había actuado de diferente forma aconsejados por sus respectivos abogados, de manera que algunos respondieron al interrogatorio de la magistrada y otros no. La exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, por ejemplo, declaró ante Alaya en dos ocasiones (octubre y noviembre de 2013), respondiendo a todas sus preguntas y defendiendo la legalidad de sus actuaciones cuando estuvo en la Junta (1994-2004). Lo mismo hizo el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero. Sin embargo, tanto este como el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández se acogieron a su derecho a no declarar este lunes, cuando volvieron a ser citados junto a otros 23 excargos por haber votado el pago de las ayudas investigadas como ilegales en los consejos rectores del IFA-IDEA.

La nueva táctica la inaguraron los exdirectores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera hace dos semanas cuando justificaron su silencio ante la jueza por no considerarla competente, al estimar que el caso ya debe estar fuera de su jurisdicción.

El mismo argumento que ayer trasladaron los cinco imputados que comparecieron y que algunas fuentes prevén que se repita con los 16 citados a lo largo de esta semana. Jesús Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación; Juan Paniagua, exviceconsejero de Agricultura; Jacinto Cañete, exdirector general de la agencia andaluza IDEA; Manuel López Casero, exdirector general de Desarrollo Tecnológico y Jesús Nieto, exdirector general de Industria. Todos guardaron silencio y las comparecencias duraron minutos. La Fiscalía y resto de partes no solicitaron medida cautelar.

Mercedes Alaya protagonizó un incidente cuando retuvo un móvil a un periodista que estaba cargando la batería en un enchufe cercano a la puerta de su despacho. Alaya fue a buscar a la Guardia Civil para que comprobara si el móvil había grabado una conversación de ella.