Castro investiga una supuesta transferencia de Telefónica de 12 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez José Castro, instructor del 'caso Nóos', seis extrañas cartas encontradas en un registro en Barcelona durante una investigación que nada tiene que ver con el sumario del magistrado de Palma y en las que, supuestamente, se apunta a la existencia de una transferencia de doce millones de euros desde Telefónica a una cuenta en la ciudad ucraniana de Odessa. Un dinero, insinúa la persona que escribe las misivas, que podría estar relacionado con Iñaki Urdangarin, quien fue alto directivo de la multinacional hasta su marcha tras estallar el escándalo por sus negocios al frente del instituto Nóos.

Anticorrupción no da demasiado crédito ni a las cartas ni al autor de las mismas pero, tras recibir los textos de la Fiscalía de Cataluña, las puso en conocimiento del juez Castro, quien ha decidido abrir una investigación para aclarar el asunto. Como primera medida ha citado a declarar como testigos el 31 de mayo a los tres altos directivos de Telefónica que se citan en esos documentos: Ana Zaforas, jefa de Secretaría de la Dirección General de Estrategia de la empresa; Enrique Medina Malo, jefe de los servicios jurídicos de la multinacional y exdirector de Asesoría Jurídica de RTVE, amén de ex secretario general técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología; y Santiago Fernández Balboa, a quien el juez identifica como «letrado o alto ejecutivo de Telefónica».

Ese mismo día está llamado a declarar también como testigo Juan José López Ribes, el supuesto empresario barcelonés que escribió entre julio de 2011 y junio de 2012 las cartas. En cuatro de ellas, Ribes asegura que una empresa suya radicada en Ucrania recibió por error el 5 de diciembre de 2007 una transferencia por valor de doce millones de euros remitida desde una cuenta de Telefónica en la entidad Cajasol.

López Ribes argumenta que aquella supuesta transferencia errónea y su devolución le generaron graves perjuicios económicos y empresariales, y por eso reclama a la multinacional más de 1,5 millones de euros como indemnización.

Ante la negativa de Teléfonica de abonar nada, el supuesto empresario amenaza con hacer pública la copia de la transferencia, remitirla al propio Castro, e insinúa que ese dinero en realidad era para «liquidar todas las facturas realizadas por una fundación sin ánimo de lucro».

En otra de las misivas, el empresario barcelonés afirma que los doce millones de euros «podían relacionarse con el nombramiento de un consejero de Telefónica en junio de 2006 y que en agosto fue nombrado consejero de Telefónica Internacional y trasladado a Washington». Urdangarin ocupó ese puesto.