Una ley eficiente

Cuando llegó la crisis y los ciudadanos empezaron a perder sus empleos lo primero que dejaron de pagar fueron sus casas. Si había que elegir entre tener para comer y seguir pagando la hipoteca o el alquiler, todos optaron por la opción más necesaria, la primera. El problema llegó cuando los bancos no daban alternativas a los propietarios para buscar una solución a la falta de ingresos. La sentencia era clara, si no se pagaba había que abandonar la vivienda y la misma se la quedaba la entidad, eso sí, el pago de la hipoteca había que seguir asumiéndola.

Tras multitud de imágenes de familias enteras obligadas a dejar sus casas y a marcharse con sus trastos a otra parte, los colectivos sociales, los jueces y los gobiernos comenzaron a sensibilizarse con el problema y a pelear, cada uno en la medida de sus posibilidades, para buscar una solución.

Entonces llegaron las nuevas leyes y entre ellas la estatal. Hace un año, aproximadamente, el Gobierno central emitió una norma que presentaba varias opciones para inquilinos y propietarios antes de la de abandonar la casa. Entre ellas, la dación en pago, la moratoria durante dos años o la reestructuración de la hipoteca.

Gracias a esta ley, en Cádiz, el número de órdenes de levantamiento se ha reducido en 160, respecto al año anterior. La primera vez desde la crisis que empieza a bajar el número de desahucios. Este es un gran paso, para todos aquellos a los que la ilusión de tener una vivienda, una propiedad para toda la vida, se convirtió en la peor de sus pesadillas. Una pesadilla de la que parece que algunos, por lo menos, empiezan a despertar, eso sí, poco a poco.