Economia

Primer juicio contra los excesos en las cajas

La Audiencia Nacional sienta esta semana en el banquillo a exdirectivos de Caixa Penedés por el 'pensionazo' que se autoconcedieron

MADRID. Actualizado: Guardar
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Será seguramente uno de los más 'modestos' juicios contra los excesos que se cometieron años atrás en las cajas de ahorros, aunque tiene el honor de ser el primero. Desde hoy se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional cuatro exdirectivos de Caixa Penedès -cuyo negocio bancario fue adquirido por el Sabadell- por el 'pensionazo' que se autoconcedieron.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre tres años y tres y medio de prisión para los cuatro, como presuntos autores de sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Sostiene que supuestamente urdieron una trama para adjudicarse una serie de pensiones millonarias mediantes pólizas que suscribieron en nombre de la entidad, pero sin el conocimiento de sus órganos de administración. El Ministerio Público argumenta que por espacio de 10 años (entre 2001 y 2011, ejercicio en que abandonaron sus cargos) el entonces director general de la entidad, Ricard Pagès -con un poder «omnímodo», apunta-, junto a los directivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas -el exresponsable de Recursos Humanos Jaume Jorba, ya fallecido, también habría participado en los hechos- se fueron «autoconcediendo derechos económicos no contemplados en sus contratos».

Y lo hicieron, añade la Fiscalía en su escrito de acusación ante el Juzgado Central de lo Penal, «manteniendo en la penumbra» su actuación, mediante informaciones «fragmentarias e incompletas». Reclama, por último, que devuelvan los 15,15 millones de euros que ya percibieron con cargo a las pensiones por valor de hasta 31,6 millones que llegaron a reservarse entre ellos.

Los próximos exresponsables de cajas en ser juzgados, ya a finales de año, serán los de la CAM por la concesión de préstamos irregulares y el cobro de dietas millonarias. A su vez, los de Novacaixagalicia deberán responder del cobro indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.