Alaya apuntala el papel de los exconsejeros en el 'caso ERE' antes de elevarlo al Supremo

La juez Mercedes Alaya cierra los últimos flecos de la investigación del 'caso de los ERE' fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. Si hace poco aventuraba que «en breve» cerraría la instrucción, en el nuevo auto, dictado el pasado martes, apunta que estas últimas diligencias sobre el papel desempeñado por la Agencia Idea servirán para «determinar e individualizar el grado de responsabilidad» en la trama de los expresidentes y exconsejeros de la Junta. El último paso antes de inhibirse y elevar el caso al Tribunal Supremo al tratarse de cargos públicos aforados.

Con las últimas imputaciones de los miembros del consejo rector de la Agencia Idea (anteriormente IFA), la entidad pública que pagaba las ayudas irregulares que ordenaba la Consejería de Empleo, la juez estrecha aún más el cerco sobre los máximos responsables políticos que, a su juicio, implantaron el sistema de transferencia de financiación para dar ayudas sin control. De hecho, en su último auto subraya que entre el «elenco de vocales» del consejo rector del ente público se sentaban «los centros neurálgicos del poder de la Junta de Andalucía», en alusión a las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda o Presidencia (a través de los servicios jurídicos), y los responsables de las dos principales cajas de ahorro andaluzas: Unicaja y El Monte (actualmente integrada en Caixabank).

A juicio de Alaya, el informe policial que todavía falta por incorporar a la causa sobre el funcionamiento de la Agencia Idea y las declaraciones de esta nueva tanda de imputados servirán para poder «determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados». En este sentido, la juez destaca en el auto como, durante casi una década, «ningún miembro del consejo rector opuso reparo a ninguno de los convenios de los que se le dio cuenta en el necesario ejercicio de control que legalmente les competía», por lo que el sistema irregular siguió funcionando.

Mismo diseño

Entiende Alaya que este funcionamiento «respondía a un mismo diseño político del que eran partícipes, pero que debía haber sido previamente establecido», y aventura incluso cómo Idea fue el «compañero perfecto» de Empleo para llevar a cabo el fraude: el ente público tuvo que falsear su presupuesto de explotación para que la consejería pudiera incluir las transferencias de financiación en sus gastos. «Este falseamiento es tan trascendental que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31L de la Dirección General de Trabajo», concluye Alaya para justificar la imputación del consejo rector por prevaricación, malversación y falsedad.

Estas imputaciones ya tienen repercusión política. El PP de Andalucía invitó ayer al responsable de Unicaja, Braulio Medel, a «reflexionar» sobre su dimisión dado que «no es bueno ni positivo para ninguna entidad financiera que su presidente esté imputado». Desde PSOE e IU, mientras tanto, guardan silencio sobre este aspecto y se limitan a subrayar la coincidencia, una vez más, de un auto trascendente de Alaya con una campaña electoral.