Declaran ante el juez dos exdelphi acusados de daños en la sede del PSOE

Una pareja de extrabajadores de Delphi declara en estos momentos ante el juzgado tras ser detenidos por la Policía Nacional, que les imputa los delitos de resistencia a la autoridad y daños a la sede del PSOE de Cádiz.

Los hechos tuvieron lugar ayer por la tarde. Según la información de la subdelegación del Gobierno, un policía fuera de servicio observó en la sede provincial del PSOE gaditano a tres individuos pegando carteles y haciendo una pintada.

Así, tras identificarse, el agente solicitó a los reseñados que lo acompañaran a la Comisaría, momento en el que dos de ellos salieron huyendo. El policía dio aviso a sus compañeros, logrando detener a estas dos personas.

Una vez en la Comisaría, la Policía determina que uno de ellos no había participado en los hechos, por lo que que fue puesto en libertad. A los dos restantes, a los que se considera responsables de un delito de resistencia a la autoridad y de otro de daños a la sede del PSOE, se les tomó declaración en presencia de un abogado.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, telefoneó a la secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, para informarle de lo ocurrido y de la posibilidad de presentar denuncia, con lo que "desde el primer momento se ha estado en contacto desde la Subdelegación con el PSOE para lo que necesitara", señalaban ayer desde la Subdelegación.

Fuentes del colectivo de Delphi han explicado que los dos extrabajadores se negaron a declarar en las dependencias policiales, donde permanecieron hasta aproximadamente las 23,00 horas. Hoy han sido citados en los juzgados de San José de la capital gaditana. Ya hay un grupo de extrabajadores esperando a que sus compañeros terminen de declarar y posteriormente estos últimos explicarán lo sucedido en la sede de los sindicatos donde mantienen su encierro.

Desde el colectivo también se preguntan si las detenciones de ayer por "poner unas pegatinas" puede formar parte de una estrategia de persecución y criminalización de estos trabajadores. Y temen que el ambiente se enrarezca demasiado e imposibilite la salida negociada a la situación de desempleo de los afectados por el cierre de la factoría.