Interior mantendrá la dispersión de presos etarras tras 25 años en vigor

El ministro del Interior aseguró que su Gobierno ni siquiera se plantea retocar la política de dispersión por cárceles de todo el país de los miembros de ETA, un estrategia antiterrorista que esta semana hace 25 años que comenzó a aplicarse de forma generalizada por gobiernos socialistas y populares con el objetivo de minimizar el control de la banda sobre los reclusos y favorecer los casos de reinserción.

Jorge Fernández Díaz garantizó ayer en el Congreso que solo hay y habrá dos opciones para que un recluso de la organización terrorista pueda ser acercado a una prisión del País Vasco o de provincias limítrofes: que la banda se disuelva definitivamente -con lo que la estrategia perderá todo su sentido- o que el reo de el paso público y explícito de desvincularse de ETA y muestre su arrepentimiento por el daño causado.

El Gobierno insistió en que no piensa atender las peticiones de fin de la política de dispersión. No ya las que hacen los reclusos, la banda o las distintas siglas de la izquierda abertzale, que le importan poco mientras no renieguen de su pasado, sino tampoco las que el lehendakari Íñigo Urkullu y los socialistas vascos le han trasladado en varias ocasiones a Mariano Rajoy.

Su teoría es que el final definitivo de los atentados declarado por ETA hace más de dos años y medio no es razón bastante para cambiar de estrategia mientras la banda insista en mantenerse viva y controlar al colectivo de presos o mientras los reclusos no den el paso de renegar de su autoridad y su tutela. Fernández Díaz indicó que no habrá acercamientos y, desde luego, que el Ejecutivo no hará un solo gesto de flexibilización en la política penitenciaria hacia los etarras -liberaciones de enfermos, terceros grados o libertades condicionales- salvo que los jueces le obliguen.

«Estrategia de venganza»

El discurso gubernamental, con el que el ministro contestó ayer al diputado de Amaiur Rafael Larreina, dice, en definitiva, que no habrá concesión alguna mientras ETA exista, y responsabiliza a la banda y a los propios reclusos de la duración de todos sus males.

El titular de Interior se reafirmó en la estrategia de dureza antiterrorista después de que Larreina criticase, durante una interpelación parlamentaria sobre violación de los derechos fundamentales en España, la pervivencia de los casos de torturas, el aislamiento de los detenidos, y, sobre todo, el mantenimiento de la dispersión, que definió como «un fracaso», «un error» y una estrategia penitenciaria «guiada por la venganza» y sin sentido tras el fin del terrorismo de ETA.

El mano a mano parlamentario, iniciado como un debate sobre las conclusiones de un informe del Consejo de Europa sobre la violación de derechos en el continente, terminó como un enfrentamiento por política antiterrorista.

Larreina acusó al Gobierno de buscar cualquier excusa para no dar un solo paso que permita consolidar el proceso de paz en el País Vasco. Fernández Díaz aseguró que no acepta lecciones sobre derechos humanos de quien no pide a ETA su disolución y de quien donde gobierna permite homenajes a expresos etarras que no se han arrepentido.