Alaya ordena investigar un 'pendrive' sobre los ERE enviado de forma anónima

Al caso de los ERE tampoco le falta suspense. Un 'pendrive' «seriegrafiado con nombre de la Junta de Andalucía», que incluye documentos de los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados por fraudulentos, centra la atención del juzgado número 6. El archivador informático fue enviado de forma anónima en un sobre blanco sin remitente al abogado de una imputada, María José Rofa. El letrado, Ignacio Rivas Clemente, entregó el 'pendrive' a la magistrada del caso, Mercedes Alaya, sin que haya trascendido su contenido. Alaya ha ordenado a la Guardia Civil que investigue los documentos. La magistrada incluso ordenó a los agentes estar presentes en su despacho para abrir el 'pendrive'.

Alaya ha dado importancia al extraño suceso, hasta el punto de emitir un auto para dar cuenta del mismo. En este considera que el archivador «podría contener archivos y documentos relevantes» para la causa de los ERE. Alaya da una pista y sugiere que podrían tratar sobre el papel de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, así como de la Agencia Idea en el pago de ayudas a terceros «haciendo uso de fondos públicos recibidos mediante transferencias de financiación de distintas consejerías».

Alaya no impuso fianza a Rofa por entender que había contribuido al esclarecimiento de los hechos. La decisión fue recurrida por la Fiscalía y la Audiencia de Sevilla ordenó a Alaya imponer una fianza. La jueza acordó entonces una fianza civil de 2,05 millones de euros y anotó que lo hacía «por imperativo legal». Alaya considera que Rofa «se limitó a cumplir las órdenes» de sus directores generales, Juan Márquez y Daniel Rivera, también imputados.

Por otro lado, el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, ha solicitado una pensión alimentaria de 3.000 euros mensuales al juzgado para atender sus «necesidades más básicas». Uniter es una de las aseguradoras investigadas por la percepción de sobrecomisiones millonarias en la gestión de los ERE y prejubilaciones. González Mata estuvo en prisión preventiva y tiene sus empresas y cuentas embargadas para hacer frente a una fianza de 450.000 euros. «Se le ha desposeído de todo, se le ha cercenado su anterior actividad y se le ha obligado a recomenzar su vida para procurar el sustento de sí mismo y de su familia», dice su abogado, José Cosano, en el escrito a la jueza. La magistrada ha pedido al imputado que acredite «las necesidades y cargas» en cinco días, información que luego dará a la Fiscalía y a las partes para que se pronuncien.