Rifirrafe entre el letrado y la jueza por «ocultación» de información

Antonio Lozano no se ratificó en la declaración que realizó el 19 de septiembre y argumentó para ello a la jueza que entonces desconocía la existencia del informe de tres interventores de la Junta defendiendo la legalidad de las transferencias de financiación. Alaya no dio a las partes dicho informe hasta un año después de las declaraciones de uno de ellos, Juan Luque, a la Guardia Civil, lo que propició un rifirrafe entre el letrado de Lozano y Buenaventura, José María Mohedano, y la jueza. «Son tan abundantes los escritos de las partes (...) y las resoluciones del juzgado sobre la ocultación de estas actuaciones que no es necesario que insista más», dijo Mohedano. Alaya le llamó al orden para que «modere su lenguaje» porque podía estar insinuando que ella está cometiendo un delito «consciente y deliberadamente». Mohedano le respondió que tal cosa estaba muy lejos de su intención, pero le insistió en los escritos presentados en su momento y en la petición de nulidad. Fuera de la sala, el letrado lamentó que se esté «criminalizando» un procedimiento administrativo y leyes aprobadas por el Parlamento. En su opinión esto es «un caso judicial aprovechado políticamente». Dijo confiar en que la jueza no imponga fianzas de nuevo.