España vislumbra la salida de la crisis sin cambios en el modelo productivo

Nadie duda de que el principal pecado de la economía española ha sido depender excesivamente del ladrillo y del turismo de sol y playa. Un problema no abordado por los sucesivos gobiernos, a pesar de sus promesas sempiternas de un cambio en el modelo productivo del país para ganar competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Con la crisis, las declaraciones en dicho sentido se multiplicaron, al tiempo que se aprobaron leyes y reformas enfocadas, en teoría, a paliar ese defecto. Pero ¿se ha avanzado algo? Desde 2008, los distintos presidentes y ministros han lanzado mensajes grandilocuentes sobre la nueva estructura productiva basada en la innovación, el desarrollo y el emprendimiento. Sin embargo, los datos ponen esa versión en duda.

En 2007, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria, la construcción representaba el 21,9% del PIB. En 2013 solo aportaba el 10,5%. Según los expertos, el desplome de uno de los pilares de la economía del país hace más urgente un cambio del modelo. «Necesitamos más peso de la industria en la estructura productiva», afirma Eugenio Recio, profesor emérito de Esade. Sin embargo, la aportación de este sector en la economía española lleva descendiendo paulatinamente en las últimas décadas. Si en los años ochenta representaba en torno al 30% del PIB, en 2012 apenas suponía un 15,9%, según datos del INE. Pero si se descuenta la energía -como hace Eurostat- la cifra se desploma hasta el 13,3% del PIB, cuando la media de la UE está en el 18%. Así, el objetivo marcado por Bruselas del 20% se convierte en una quimera. Y no solo eso. Durante la crisis, entre 2008 y 2012, el sector industrial en España se ha reducido un 30% al perder más de un millón de trabajadores en ese periodo siendo el tercer país de la UE con un descenso mayor de la actividad solo por detrás de Grecia y Chipre.

Una reducción que contrasta con el peso de la industria en países como Alemania, donde un tercio del PIB proviene de ese sector. Algo impensable en España hoy en día, pero que era real hace tres décadas. Ningún Gobierno, ni antes o durante la crisis, ha dado pasos concretos hacia una reindustrialización del país. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció esta semana la aprobación en mayo de un plan de reactivación económica y de apoyo a la industria, el mismo día que los grandes empresarios reclamaban a Rajoy medidas para lograr la reindustrialziación de España. A falta de conocer el contenido del plan, los precedentes no son halagüeños.

Uno de los intentos con mayor eco para cambiar el modelo productivo español se produjo en 2011 con la Ley de Economía Sostenible. Fue entonces cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a recurrir al cambio de modelo como mejor vacuna para futuras crisis. El propio presidente socialista calificó su iniciativa como una «profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y que supone un nuevo paso en la modernización de la economía española». Entre sus objetivos para mejorar la competitividad destacaban la simplificación administrativa, la formación de los trabajadores y el impulso a la actividad investigadora, entre otras cosas.

Sin inversión en I+D+i

Otro de los pilares del tantas veces pronosticado cambio de modelo es el del impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación. Sin embargo, a pesar de repetir esta idea como un mantra, en la práctica la política seguida desde la crisis por todos los gobiernos ha sido la de reducir la financiación. Así, España destinó en 2013 el 1,3% de su PIB a I+D+i. Una cantidad inferior a la de países como Irlanda (1,72%) o Portugal (1,5%), al mismo nivel de Hungría y, por supuesto, a años luz de la dotación de Finlandia (3,55%), Suecia (3,41%) Alemania (2,92%) o Francia (2,26%). Y lejos de la media comunitaria del 2%.

«Para lograr un cambio en el modelo productivo es imprescindible la inversión en I+D+i», asegura Alain Cuenca, director de Economía Pública de Funcas. En su opinión, para poder competir con otras economías es necesario invertir en «capital humano y en valor añadido» de la mano de la innovación. Sin embargo, la realidad es la contraria. Según un estudio de la EAE Business School publicado hace unas semanas la inversión pública y privada en I+D+i en España cayó un 7% desde 2008. De hecho, desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) alertan de que las partidas destinadas en los últimos presupuestos supone retroceder a niveles de 2002.

Pero esta disminución no se produce únicamente en el ámbito público. En 2012 -últimos datos disponibles- descendió un 4,1% la inversión en innovación por parte de la empresa privada, según el INE. Otro aspecto que choca con Europa. Ante este panorama desolador los científicos han alertado del gran riesgo que supone para la competitividad del país la caída de la dotación en I+D. Además de la fuga de cerebros inherente a la escasa inversión.

La reforma energética también ha supuesto un tremendo caballo de batalla entre el Ejecutivo y el sector de resultado más que incierto. «No se ha resuelto el problema de la reforma energética porque lo hecho no ha funcionado», asegura Cuenca. «El coste de la electricidad es un aspecto fundamental para las empresas y también para las familias», recuerda el profesor de Esade Eugenio Recio.

Uno de los problemas de este sector tiene que ver con la existencia de un mercado en muy pocas manos. «Hay un grado de oligopolio que es contraproducente y contrario a los intereses del consumidor», critica José Antonio Herce, director asociado de AFI. En su opinión, el grado de competencia en estos servicios es «insatisfactorio como poco». La reciente polémica desatada con la subasta de la luz es el último ejemplo. Sin embargo, tampoco existe una política de Estado en este apartado y los bandazos estratégicos están a la orden del día. Al final, seguimos en la casilla de salida y el peligro de salir de la crisis sin cambiar el modelo productivo es volver a las andadas.