Las nuevas leyes deberán pasar el test de la unidad de mercado

Las nuevas leyes deberán pasar el filtro de la unidad de mercado antes de ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Es decir, tendrán que ajustarse a la normativa que regula la libre circulación de bienes y servicios por todo el país, uno de los pilares del programa de reformas económicas del Gobierno. Así lo anunció ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De Guindos explicó que, al igual que deben superar análisis como el del impacto macroeconómico, las leyes que se aprueben a partir de ahora irán también acompañadas de un informe sobre su incidencia en la unidad de mercado. La memoria será elaborada por los ministerios de Hacienda y Economía. Además, para avanzar en el desarrollo y aplicación de la ley, se ha acordado constituir el Consejo de la Unidad de Mercado, que presidirá el director de la oficina económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal.

Guindos dio cuenta del segundo informe de ejecución de la ley, que además de detectar «una serie de carencias», cifra en 110 las normativas aprobadas -o en proceso de tramitación- para adaptar la economía a la libre circulación de bienes y servicios. El informe también desvela el número de reclamaciones interpuestas en la ventanilla abierta por el Ministerio de Economía. Un centro habilitado para recibir las quejas de empresas que se consideren perjudicadas por trabas administrativas que interfieran en la unidad del mercado. En los apenas dos meses de vida de este mecanismo, se han recibido sólo 10 reclamaciones (inicialmente, y por error, el ministro habló de cien). Hasta el momento se han resuelto seis, cuatro de ellas de forma favorable a la empresa.

De Guindos cree que este segundo informe constata «el progreso» de la norma, identifica sus carencias, e «intenta resolverlas». El ministro insiste en que es «junto a la de la Administración, una de las grandes reformas estructurales» puestas en marcha por el Gobierno. El principal objetivo con el que nació la ley es permitir que una sola licencia autonómica baste para vender cualquier producto en toda España, poniendo fin a «una maraña legislativa» de miles de normas estatales, autonómicas y municipales (unas 5.700, según el Gobierno) a veces contradictorias entre sí y que dificultan la libre circulación de bienes y servicios.

La norma nació con el rechazo de varias comunidades autónomas. De hecho, dos de ellas, Cataluña y Andalucía, la han recurrido ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. A este respecto, De Guindos consideró que la aplicación de la ley requiere «muchísimo diálogo» y destacó que es «especialmente favorable» para las autonomías con bases empresariales más amplias, como Cataluña.

Mejora de la financiación

De Guindos aprovechó la rueda de prensa para presentar un informe sobre la mejora de la financiación de la economía española. Entre otros aspectos, se ha referido a la actividad del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que elevará sus objetivos de créditos a pymes para este año desde los 16.000 hasta los 20.000 millones. O al flujo de nuevo crédito a determinados sectores de la economía que «ya crece en tasas interanuales positivas».

Preguntada sobre si la presentación de este informe podría ser interpretada como un acto de precampaña electoral, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que «son temas que interesan a un buen número de españoles, especialmente a pymes y autónomos».

También a preguntas de los periodistas, De Guindos mostró su convencimiento de que cuando la Comisión Europea (CE) analice con detalle el programa de estabilidad y el plan nacional de reformas de España, revisará su previsión de déficit para 2015 (un 6,1%) para acercarla más a la del Gobierno español (un 4,2%). Una diferencia que el ministro atribuye al hecho de que las proyecciones de Bruselas se realizan sin valorar los cambios que se pueden producir en diversos indicadores económicos, como «los tipos de interés, la recaudación o la elasticidad de los impuestos».

Por último, descartó que el Gobierno se plantee subir la presión fiscal sobre la vivienda en propiedad a través del IRPF, una propuesta contemplada por el Comité de Sabios en su informe sobre la reforma fiscal que prepara el Ejecutivo.