Nueva campaña, nuevo ataque de Guerra a la juez Alaya

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que participó ayer en un acto electoral en Sevilla, declaró que tiene «dudas» sobre la instrucción judicial del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía y que su confianza en esa investigación es «prácticamente nula». No es la primera vez que el diputado socialista por la capital andaluza expresa sus reticencias hacia la jueza Mercedes Alaya. En esta ocasión, Guerra apoyó sus reparos hacia la magistrada en las «dudas» que dijo que también han manifestado «los jueces y magistrados de la Audiencia de Sevilla, que varias veces le han corregido y los fiscales, que reiteradamente le piden que suelte la investigación».

Asimismo, Alfonso Guerra se pronunció sobre la situación de Magdalena Alvarez, imputada en la causa. Preguntado si cree que la exministra y exconsejera debería dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) después de que la Audiencia de Sevilla ratificara su imputación, Guerra dijo que «las decisiones personales las toma cada uno», y aunque él no tiene por costumbre «esconderse de nada», puntualizó, mantiene «muchas dudas sobre la investigación que se lleva a cabo en ese juzgado». Es más, dijo: «No tengo ninguna tranquilidad de que lo que está apareciendo puede tener mucho que ver con la realidad, tal vez hay otros intereses».

Mientras la exministra guarda silencio, el titular de Economía, Luis de Guindos, se limitó a responder a una pregunta al respecto, tras el Consejo de Ministros, y dijo que el puesto que ésta ocupa en el BEI es una silla compartida con Portugal, «y eso es algo importante a tener en consideración».

Silencio

Fuentes del Gobierno que cita la agencia Europa Press confirmaron que éste ha mantenido conversaciones sobre la situación de Álvarez con el propio banco, con Portugal y con el PSOE y todos ellos coinciden en que sería mejor que la propia afectada dejara voluntariamente su puesto. El silencio de la ministra hace pensar que esa no es, de momento, su intención. En caso de que dimitiera, se cuenta con que su puesto sería cubierto por otro español.

Además, el Ejecutivo valora que esta situación no beneficia a las aspiraciones de España a aumentar su presencia en los puestos de responsabilidad de las instituciones europeas. Según estas fuentes, la imputación de Álvarez presenta ya un problema de «operatividad» para el propio BEI, cuyo presidente, Werner Hoyer, también preferiría que la malagueña presentara voluntariamente su dimisión.